La tragedia no fue provocada por la sobrepoblación. Ocurrió por el hacinamiento y porque integrantes de grupos criminales tenían armas, capacidad de organización y libertad para enfrentarse dentro de un espacio que, en teoría, estaba bajo control de la autoridad. ¿Quién permitió la entrada de esas armas? ¿Qué funcionarios colaboraron? ¿Por qué nadie atendió las advertencias previas?
El diagnóstico de la CNDH había otorgado a El Castillo una calificación de 5.25. Documentó actividades ilícitas, insuficiencia de custodios, deficiencias de gobernabilidad y fallas en los programas para prevenir incidentes violentos. Las autoridades conocían las condiciones del penal, así que no hay excusa.
Tras lo sucedido en el penal, el gobierno federal anunció seis nuevos centros penitenciarios, con 18,480 nuevos espacios. También prometió contratar personal, efectuar traslados, mejorar la vigilancia y crear una unidad de reacción penitenciaria. Son medidas necesarias, pero no responden al problema de fondo, ¿cómo evitarán que las nuevas cárceles reproduzcan el abandono de las existentes?
El problema es nacional. En su diagnóstico, la CNDH supervisó 278 centros. En 92.3 por ciento de los penales estatales encontró personal de seguridad y custodia insuficiente; en 93.1 por ciento, deficiencias para prevenir y atender incidentes violentos; y en 98.9 por ciento, una clasificación inadecuada de las personas internas. Además, 129 centros tenían sobrepoblación y 124, hacinamiento.
Frente a esta realidad, el gobierno parece confundir capacidad penitenciaria con control penitenciario. Construir más celdas puede disminuir temporalmente la saturación, pero no impide la entrada de armas, ni desarticula las redes de corrupción. Tampoco profesionaliza a los custodios ni recupera los penales donde operan organizaciones criminales.
La contradicción es todavía mayor porque, al mismo tiempo que reconoce la presión sobre las cárceles, el Estado acelera el encarcelamiento. En 2025, las medidas de prisión preventiva oficiosa dictadas en asuntos de las fiscalías estatales aumentaron 81 por ciento al pasar de 10,527 a más de 19 mil, aunque esas instituciones registraron casi cinco por ciento menos delitos.
Al concluir ese año había aproximadamente 48,600 personas en prisión preventiva oficiosa en los penales estatales. Representaban la mitad de los adultos encarcelados sin sentencia. Además, las fiscalías dejaron sin clasificar casi 28 mil medidas, por lo que ni siquiera sabemos con precisión cuántas personas están presas automáticamente y cuántas por una decisión justificada ante un juez.
La prisión preventiva oficiosa convierte el encarcelamiento en sustituto de la investigación. En lugar de obligar a las fiscalías a reunir pruebas y demostrar la necesidad de privar a alguien de la libertad, permite enviar personas a prisión de manera automática. Así, el sistema recibe más internos mientras conserva las mismas carencias de personal, infraestructura, inteligencia y control.
Una política penitenciaria seria debe comenzar por recuperar las cárceles existentes: investigar las redes que introducen armas y protegen a grupos criminales, profesionalizar y proteger a los custodios, separar adecuadamente a los internos y revisar los casos de quienes llevan años esperando sentencia.
México puede necesitar nuevos penales, pero construirlos no es una política penitenciaria. Una nueva cárcel agrega celdas, pero no devuelve al Estado el control de las cárceles. Si el gobierno continúa encarcelando automáticamente mientras abandona la investigación y la vida dentro de los penales, no estará resolviendo el problema, sólo estará construyéndo más espacio sobre la crisis ya existente.
EL UNIVERSAL