La revisión de la Cuenta Pública 2023 documentó pagos por más de 984 millones de pesos sin soporte suficiente para acreditar la recepción de servicios de laboratorio clínico y anestesia en distintas delegaciones y hospitales. La Auditoría Superior de la Federación advirtió deficiencias en la prestación de servicios que llegaron a poner en riesgo la salud y la vida de los pacientes. Ahí termina la comodidad del lenguaje administrativo. No hablamos solamente de facturas, contratos o partidas presupuestales. Hablamos de personas que entran a un quirófano confiando en que el Estado cumplió su parte.
El problema no termina en la anestesia. En Tamaulipas, auditorías internas del IMSS identificaron un esquema de afiliaciones presuntamente simuladas que permitió otorgar pensiones mediante relaciones laborales inexistentes, semanas cotizadas ficticias y salarios inflados. Los expedientes CCTAM 326 y 327 de 2024 involucraron a 40 pensionados y recursos cercanos a 41 millones de pesos. Mientras miles de trabajadores pasan su vida reuniendo las semanas necesarias para jubilarse, otros habrían conseguido fabricar en el papel una historia laboral. La corrupción, cuando alcanza a la seguridad social, no solamente desvía dinero: erosiona el valor de los derechos que la institución promete proteger.
Estos hallazgos no equivalen, por sí mismos, a sentencias penales. Las responsabilidades individuales deben investigarse y acreditarse. Pero tampoco pueden despacharse como simples anomalías burocráticas. La pregunta indispensable es quién autorizó los pagos, quién verificó los servicios, quién validó las afiliaciones y qué ocurrió después de que los órganos fiscalizadores encendieron las alarmas. Una auditoría que descubre irregularidades y no produce consecuencias corre el riesgo de convertirse en otro trámite del sistema que debía vigilar.
Mientras tanto, trabajadores del IMSS han salido a las calles para denunciar falta de insumos, sobrecarga laboral y condiciones salariales insuficientes. Rechazan un incremento de 2.9 por ciento al salario tabular; el Instituto sostiene que el ajuste total asciende a 6.8 por ciento al incorporar prestaciones. La diferencia importa, pero importa más la contradicción: se exige al personal médico hacer rendir cada recurso mientras las auditorías exhiben fallas graves en el control del dinero público. En esta contabilidad del absurdo, los millones pueden extraviarse sin que aparezcan responsables, pero a quienes sostienen los hospitales se les exige justificar hasta el último peso. La corrupción pasa la factura y los trabajadores terminan pagándola. No con dinero desviado, sino con salarios insuficientes, jornadas agotadoras y la obligación de dar la cara por decisiones que nunca tomaron.
No son los médicos ni las enfermeras quienes deben responder por las irregularidades detectadas. Son ellos quienes enfrentan al paciente cuando falta un medicamento, cuando el equipo no está disponible o cuando una intervención debe esperar. La escasez tiene rostro en el hospital; la responsabilidad administrativa suele perderlo entre oficinas.
Durante años, el gobierno ha presentado sucesivos cambios en los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos como respuestas a las deficiencias del sistema. Sin embargo, ninguna reorganización sustituye la obligación elemental de comprobar qué se compró, qué se recibió y quién respondió por ello. Cambiar de institución compradora no basta cuando los controles fallan dentro de la propia institución que atiende a los pacientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirección del IMSS enfrentan una responsabilidad que no se resuelve con anunciar otro modelo de compras. Se necesita esclarecer las observaciones, recuperar los recursos cuando proceda, sancionar las conductas acreditadas y demostrar que los controles funcionan. No basta con prometer transparencia: hay que hacer verificable el destino de cada peso.
El IMSS nació de una convicción civilizatoria: que enfermar no debía significar quedar abandonado y que trabajar durante décadas debía ofrecer protección en la vejez. Esa promesa merece algo más que discursos sobre su grandeza. Merece cuentas claras, servicios comprobables y responsabilidades identificables.
La corrupción en la salud pública tiene un costo que ninguna auditoría alcanza a medir por completo. No se agota en el dinero observado. Se manifiesta también en la confianza perdida, en el derecho vulnerado y en el riesgo que asume quien necesita atención. Y mientras las responsabilidades siguen sin esclarecerse, el sacrificio continúa recayendo sobre quienes menos poder tienen para impedirlo. No hay mayor contradicción que pedir vocación a los trabajadores para compensar las fallas de quienes administran los recursos. El IMSS no puede sostenerse indefinidamente sobre el sacrificio de sus empleados mientras las irregularidades esperan respuesta.
EL UNIVERSAL