Los 18 mil millones de pesos presupuestados para subvencionar al Tren Maya, más los 25 mil para el Corredor Interoceánico, juntos representan 43 mil millones sólo para un año, o sea para aplicar en el 2027.
Además, se autorizaron 882 millones para financiar durante un año a Mexicana de Aviación y 2 mil millones más para cubrir el déficit operativo del Grupo Mundo Maya, que es la institución que administra la Secretaría de la Defensa Nacional, -que controla no sólo los ferrocarriles antes mencionados-, sino también los siete hoteles, los cuatro parques recreativos, dos museos, la aerolínea y los aeropuertos.
Este presupuesto si fuese dirigido al sector salud ayudaría a solventar las graves carencias en los hospitales del IMSS, a fin de tener disponibles los insumos quirúrgicos y más medicinas.
Por una parte, hay grandes deficiencias presupuestales y por otra, dispendio en el mantenimiento de obras suntuarias, que fueron creadas sin haber sido sometidas previamente a estudios de factibilidad para medir la posible rentabilidad o su capacidad para ser autosuficientes.
Priorizar el mantenimiento de las obras suntuarias, -creadas por capricho presidencial-, por encima de la salud de los mexicanos, representa una irresponsabilidad equiparable a crimen de estado, que está costando vidas humanas.
El movimiento que se está gestando desde las bases del personal médico del IMSS para reivindicar mejoras salariales está poniendo al descubierto las graves deficiencias que tiene todo el sector salud, donde hay clínicas que carecen de lo básico.
Atrás quedaron las perogrulladas del presidente López Obrador cuando comparaba a nuestro sistema de salud con el de Dinamarca y hoy toca a la presidenta Sheinbaum resolver los grandes pendientes heredados.
El gran respaldo popular que tienen los médicos que han salido a las calles a manifestar su inconformidad, -y a evidenciar las carencias del sector salud-, puede convertirse en un detonador político, por la legitimidad de sus demandas y la simpatía que ellos despiertan en la población.
Represión dentro del Poder Judicial
La jueza federal en retiro, -Martha Magaña López-, ha sido sometida a un proceso de responsabilidad administrativa por el Tribunal de Disciplina Judicial, por haber concedido una suspensión provisional en agosto de 2024 para frenar la Reforma Judicial.
La amenazaron con una denuncia penal y un juicio político.
Este es el tamaño de la represión contra una jueza que se atrevió a cuestionar la validez de una Reforma Judicial “a modo” realizada por el Congreso, siguiendo las instrucciones dictadas desde Palacio Nacional que exigió que no se le mueva “ni una coma”.
Ella simplemente hizo uso de las atribuciones inherentes a su cargo, y sin embargo, hoy es enjuiciada.
La justicia hoy está siendo utilizada por este gobierno como instrumento de poder.
La nueva Ley Inquilinaria
El conflicto que se da entre la justicia social y el derecho a la propiedad privada no es nuevo ni exclusivo de México.
Clara Brugada, -jefa de gobierno de la Ciudad de México-, ha impulsado una ley que favorece total y absolutamente a los inquilinos a costa de poner en posición vulnerable al arrendador.
En este momento en España se está librando un movimiento social de alto impacto, relativo también a las relaciones entre arrendatario y arrendador, el cual se detonó a partir del desalojo de una inquilina de 87 años que vivía en un departamento ubicado en una zona privilegiada, pagando renta con un contrato firmado por su padre 70 años atrás, con unas condiciones excepcionalmente bajas comparadas con los precios actuales.
La crisis de vivienda de alquiler que se vive en España es compleja, y ha puesto en un grave problema al gobierno de Pedro Sánchez.
En México las condiciones son otras pues el INFONAVIT ha tratado de evitar el déficit de vivienda, aunque la oferta disponible está ubicada en zonas alejadas del centro de las ciudades.
Sin embargo, en la Ciudad de México la jefa de gobierno Clara Brugada propuso una legislación inquilinaria que favorece totalmente al inquilino y el gobierno de la ciudad asume un rol vigilante.
Todas las experiencias drásticas de controlar las rentas han tenido efectos desastrosos como el movimiento inquilinario encabezado por Herón Proal en 1922 en la Ciudad de Veracruz, así como la ley de “Rentas Congeladas” que se derivó de un decreto de emergencia promulgado por el presidente Ávila Camacho en 1942, que tuvo como consecuencias el abandono, deterioro y falta de mantenimiento a miles de inmuebles, -principalmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México-, lo cual se subsanó hasta su derogación en 2001 y la instrumentación de un programa de rescate urbano muy costoso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta ley Brugada, que tiene entre sus planteamientos relevantes la obligatoriedad para las partes de registrar los contratos ante el gobierno de la Ciudad de México, fijar tope a los incrementos, la creación de la “defensoría inquilinaria”, la integración de un “gabinete para revisar desalojos”, e impedir la discriminación de los posibles inquilinos.
No se deben olvidar los efectos negativos de las experiencias destructivas como las rentas congeladas. Tampoco olvidar los derechos a la propiedad privada que tenemos todos los mexicanos. La propiedad privada no debe tener restricciones y esta ley los limita.
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EL UNIVERSAL