Washington, EU.- l gobierno de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico, utilizando las leyes antiterroristas para encausar a estos individuos. Esta táctica, instruida por la administración Trump, busca triplicar el número de casos procesados.
La medida fue anunciada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto, en una teleconferencia con fiscales regionales. Singh hizo hincapié en la importancia de juzgar a estos funcionarios corruptos como si fueran terroristas debido a su participación en el tráfico de drogas y la corrupción que ello implica.
Este enfoque agresivo se produce tras la formal acusación en Nueva York de un gobernador del estado mexicano de Sinaloa, perteneciente al partido en el poder, reflejando una política de presión continua por parte del Departamento de Justicia de EE.UU.
El contexto también se enmarca en la reciente muerte de dos agentes de la CIA en México, que ha exacerbado las relaciones ya tensas entre ambos países. Estos eventos han destacado el peligro inherente de las operaciones contra los cárteles de la droga en la región.
Recientemente, se informó sobre la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, como parte de esta serie de acciones legales que busca limpiar las estructuras políticas de influencias vinculadas al narcotráfico.”