Ciudad de México.- El sector bancario de México ha confirmado que cuentas pertenecientes al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su familia han sido congeladas junto con las del senador Enrique Inzunza, ambos acusados en Estados Unidos de vínculos con grupos criminales, concretamente el Cártel de Sinaloa.
La información sobre estas acciones llegó a las instituciones financieras del país el pasado 6 de mayo a través de una notificación enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que indicaría un esfuerzo coordinado para abordar presuntas actividades ilícitas.
A pesar de la relevancia del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en una conferencia que no estaba al tanto de las acciones de la UIF, sugiriendo que esta opera de manera autónoma cuando detecta irregularidades que justifiquen sus medidas.
Estos bloqueos fueron inicialmente reportados por diversos medios, subrayando una estrategia más amplia que busca desarticular la relación entre figuras públicas y actividades delictivas, reflejando la presión internacional para combatir el narcotráfico desde múltiples frentes.
Este episodio pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha interna contra la corrupción y el crimen organizado, alimentando el debate sobre la transparencia y efectividad de los procedimientos judiciales cuando están involucrados altos funcionarios.