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* Cursa oficio para que explique y documente las acciones del 21 de febrero

* Que Víctor Carranza detalle identidad de personal que intervino en la demolición

* Le otorga ocho días, so pena de enfrentar acciones penales, civiles y administrativas


 

 

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

 

Por la destrucción del estadio Revolución, el robo de porterías, daño a las oficinas de la Liga Municipal de Futbol, sustracción de dinero, la Fiscalía Anticorrupción cerca y acorrala al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo.

Lo conmina a emitir en un máximo de ocho días un informe justificado de las acciones emprendidas el 21 de febrero pasado cuando personal del ayuntamiento y de la empresa Fosmon arremetieron contra las instalaciones de la Liga Municipal de Futbol y acabaron con el estadio Revolución que por más de 40 años ha sido espacio para el desarrollo del deporte y que ahora será convertido en parque ecológico, con recursos aportados por Petróleos Mexicanos vía el Programa de Apoyo a Comunidades y medio Ambiente (PACMA).

Un oficio —categorizado como FGE/FECCEV/2371/2019—, emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado de Veracruz, establece que el presidente municipal, Víctor Carranza, deberá remitir de forma detallada las acciones de demolición del campo deportivo.

En cuatro apartados la Fiscalía Anticorrupción le plantea informar si el 21 de febrero de 2019 personal de la empresa constructora Fosmon, por órdenes del ayuntamiento de Coatzacoalcos se constituyó en las instalaciones del caso Revolución, ubicado en la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, “con la fin de efectuar el retiro de la barda perimetral que delimita del campo en cuestión”.

Señala que en caso de admitir el hecho, “informar los nombres y cargos de los servidores públicos que llevaron a cabo la diligencia”.

Le solicita “remitir copia de todas y cada una de las documentales que sirvieron de apoyo para llevar a cabo el retiro de la barda perimetral” y “copia certificada del acta circunstanciada que se haya levantado el día de los hechos”.

Y lo instruye a que informe si el ayuntamiento se encuentra actualmente construyendo en lo que es el campo Revolución.

La Fiscalía Anticorrupción le fija un plazo de ocho días hábiles a partir de la notificación para presentar la documentación, la cual “deberá ser remitida de manera física”, en la sede de la dependencia, en Xalapa, capital de Veracruz.

Refiere el oficio que en caso de cumplir con el requerimiento, el alcalde Víctor Carranza se hará acreedor a una multa consistente en 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), unos 2 mil 558 pesos, según establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, “con independencia de que se le atribuya alguna responsabilidad, ya sea civil, administrativa o penal por la omisión u ocultamiento de información”.

Suscrito por el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Noé Cruz Martínez, el oficio fue recibido por el ayuntamiento de Coatzacoalcos este miércoles 15.

 

LA MECÁNICA DEL ROBO Y LA DESTRUCCIÓN DEL REVOLUCIÓN

 

Con alevosía y ventaja, el puño y la fuerza policíaca, Víctor Carranza ordenó la demolición del campo Revolución transgrediendo el orden legal, con un amparo en curso, con una resolución a su favor pero no notificada oficialmente a la Liga Municipal de Futbol, configurándose ahí, en ese punto, el incidente de violación.

Aquella mañana —21 de febrero— arribó el personal del ayuntamiento. Abogados de la Coordinación Jurídica, personal de Obras Públicas y empleados de la empresa Fosmon, del constructor Oscar Fosado, irrumpieron el campo Revolución. Se cumplía así la instrucción de no dejar piedra sobre piedra, acabando con 40 años de historia deportiva.

Maquinaria pesada, obreros y operarios, arrasaban con áreas de juego, las gradas, porterías sustraídas y llevadas a lugares desconocidos, mientras en las redes sociales corrían las imágenes que daban cuenta del golpe asestado por el alcalde Carranza Rosaldo.

Horas después se conformó la nueva denuncia. El presidente de la Liga Municipal de Futbol corrió en dos vías: denunciar la violación al amparo y la suspensión otorgada por el juez, y otra en la que evidencia daños, sustracción de dinero de las oficinas, robo de aparatos de aire acondicionado y la desaparición de las porterías.

El campo Revolución, en el que la Liga Municipal de Futbol realizaba sus actividades, así como otras cinco ligas, una de ellas Fut7 con un contrato de comodato por 11 años, estorban al proyecto ecológico del alcalde Carranza Rosaldo y al grupo político al que sirve, Morena-Clan de la Succión, que usan los espacios públicos, destinan inversión federal y luego los retienen mediante subterfugios legales.

Un caso es el parque ambiental Quetzalli, que anteriormente fue Parque del DIF y que en la administración del alcalde Iván Hillman Chapoy —2004 a 2007— lo dejaron morir. Una vez deteriorado, fue transformado en espacio ecológico y más tarde, al concluir su gestión, lo asignó vía un contrato de comodato a su esposa, la hoy diputada de Morena, antes del PRI-Verde, Mónica Robles Barajas, por un lapso de 10 años, que concluyeron en 2017 pero que le fue prorrogado por 10 años más.

Esa es la mecánica del atraco: disponen de los bienes públicos, le invierten dinero público y los convierten en negocios propios.

Esta vez, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción comienza a acorralar al alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el peón de Morena-Clan de la Succión.

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