Ciudad de México.– Con la aprobación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se consumó el riesgo de intromisión en la vida privada y la vulneración de derechos humanos, advirtieron legisladores y especialistas.
Con 343 votos a favor y 129 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal, que sustituye la legislación de 2014 promulgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El dictamen fue aprobado sin modificaciones y será enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la obligación para los usuarios de telefonía móvil de presentar una identificación oficial con CURP o RFC para activar sus líneas. Organizaciones civiles y voces en el Congreso alertaron que esta medida abre la puerta al uso discrecional de los datos personales, sin mecanismos eficaces de control ni garantías suficientes para proteger la privacidad de millones de personas.
La ley también elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —hasta ahora órgano autónomo del sector— y en su lugar crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un ente dependiente del Ejecutivo que concentrará la elaboración de políticas públicas en materia digital, de radiodifusión y conectividad. Expertos advirtieron que esta centralización de atribuciones representa un retroceso en el modelo de regulación independiente que se estableció como contrapeso constitucional.
Asimismo, se contempla la creación de un Sistema Nacional de Información de Infraestructura, una base de datos georreferenciada que incluirá información detallada sobre redes, antenas, cableado y derechos de vía. Aunque el gobierno ha presentado esta herramienta como parte de un plan para mejorar la conectividad, especialistas han advertido que podría utilizarse como instrumento de vigilancia masiva sin supervisión judicial ni controles institucionales.
Durante la sesión, la oposición acusó que la reforma vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso libre a la información.
“El Gobierno federal da un paso más hacia un Estado autoritario”, dijo en tribuna el diputado Erubiel Alonso Que (PRI). “Las redes sociales dejarán de ser un espacio libre. El contenido ya no será ciudadano, sino autorizado por el Gobierno”, advirtió.
En defensa de la nueva legislación, el diputado Antonio Ramírez Ramos (PVEM) negó que existan riesgos de censura y sostuvo que la ley garantiza el respeto a la libertad de expresión. “Se elimina la posibilidad de bloquear plataformas y se garantiza la libre difusión de contenidos culturales y educativos”, argumentó.
La aprobación de esta ley coincide con una creciente preocupación por la erosión de órganos autónomos, como el IFT, y el fortalecimiento de estructuras centralizadas de vigilancia digital. Diversas organizaciones advirtieron que el marco legal aprobado carece de contrapesos efectivos y podría ser utilizado para fines de control político, censura encubierta y persecución de voces críticas.
Tras la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, clausuró el periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, el debate sobre las libertades digitales, la protección de datos personales y el equilibrio de poder en el ecosistema digital apenas comienza.