Xalapa, Ver.- El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Adolfo Jesús Ramírez Arana, denunció que entre 20 y 25 aspirantes de su partido han sido víctimas de amenazas, lo que ha obligado a realizar ajustes en las candidaturas locales.
En entrevista con el medio Veracruz en Línea, Ramírez Arana aseguró que el partido ya solicitó la activación del protocolo de seguridad para sus candidatos. Sin embargo, precisó que esta medida solo entrará en vigor una vez que las candidaturas hayan sido formalmente registradas ante las autoridades electorales.
“Esperemos que nuestros candidatos puedan hacer campaña libremente, que esto de las amenazas pare; que el gobierno ayude, tanto el federal como el estatal, y que sea una jornada electoral tranquila, donde el pueblo pueda ir a decidir libremente”, declaró el dirigente priista.
La declaración ocurre en medio de un contexto de creciente violencia en el estado. De acuerdo con cifras oficiales y reportes de medios locales, al menos 12 aspirantes de distintos partidos han decidido retirarse del proceso electoral por razones de seguridad.
En la entidad veracruzana se renovarán 212 presidencias municipales el próximo 2 de junio. Diversos partidos han denunciado amenazas, agresiones y presiones contra quienes buscan competir por cargos de elección popular, sin que hasta ahora las autoridades estatales hayan reconocido públicamente la dimensión del problema o establecido zonas de atención prioritaria.
Hasta el momento, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) solo ha confirmado la solicitud de protección por parte de ocho aspirantes, todos ellos del partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo, los casos denunciados por el PRI no han sido aún canalizados formalmente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En tanto, organizaciones de la sociedad civil y observadores electorales han advertido sobre el riesgo de que la violencia influya directamente en la definición de candidaturas y en la participación ciudadana en las urnas, en un estado que ha sido golpeado en años recientes por disputas territoriales entre grupos del crimen organizado.