Xalapa, Ver.- En el último suspiro del plazo para el registro de candidaturas en Veracruz, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) optó por el silencio. Sin una explicación pública, sin asumir responsabilidad, el partido retiró la candidatura de Celestino Rivera Hernández para la alcaldía de Tempoal y colocó en su lugar a Mirian Cruz González. La decisión llegó tras la presión de colectivos feministas y ciudadanos que no olvidan: a Rivera Hernández lo persiguen acusaciones graves de abuso sexual contra menores, que datan de más de una década.
El escándalo, lejos de disiparse con el cambio de nombre en la boleta, ha reavivado la discusión sobre la impunidad política en Veracruz, y sobre cómo los partidos reciclan perfiles marcados por denuncias penales y actos de corrupción sin consecuencia jurídica alguna.
Un perfil de poder y señalamientos
Rivera Hernández no es un desconocido en la política veracruzana. Exdiputado local por el PRD, exalcalde de Tempoal, y ahora asesor en la administración municipal encabezada por su hijo, Néstor Adolfo Rivera, su nombre ha circulado en las esferas del poder local durante años. También en expedientes judiciales, carpetas ministeriales y denuncias públicas.
El primer señalamiento penal en su contra se registró en junio de 2009. Según el expediente 202/2009, Rivera, entonces diputado local, fue acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 15 años, originaria del municipio de Tantoyuca. La denuncia, a pesar de contar con elementos testimoniales y acompañamiento institucional por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), nunca avanzó. La familia de la menor denunció amenazas y omisiones de las autoridades, que jamás llamaron a Rivera a comparecer.
Dos años después, en mayo de 2011, el exalcalde fue detenido en flagrancia. La carpeta 160/2011 registra su aprehensión en un motel de Tantoyuca, abusando sexualmente de un niño de 12 años que trabajaba como limpiaparabrisas. El menor, proveniente de una comunidad rural, laboraba para ayudar a su familia. Una vez más, Rivera fue liberado sin enfrentar un proceso penal sólido. Su condición de diputado federal en ese momento habría influido, según versiones de la prensa local y activistas.
El regreso de los fantasmas
El pasado 24 de marzo, el PVEM le otorgó a Rivera el nombramiento como Promotor de la Cuarta Transformación. De inmediato, colectivos feministas como Las Brujas del Mar y activistas de derechos humanos alzaron la voz. La designación fue interpretada no solo como una afrenta a las víctimas, sino como un gesto de complicidad política frente a delitos de índole sexual.
“Es indignante que partidos políticos como el Verde insistan en reciclar perfiles con denuncias de pederastia y abuso de poder. No se trata de juicios mediáticos, sino de casos documentados y denunciados formalmente ante las autoridades“, expresaron en un comunicado.
La presión social surtió efecto. En menos de dos semanas, el PVEM retiró la candidatura. Pero no ofreció explicaciones, disculpas ni compromisos de no repetición. Tampoco se pronunció sobre las acusaciones ni sobre las víctimas.
Nepotismo y despojo
Las denuncias contra Rivera Hernández no se limitan al abuso sexual. En julio de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a una investigación federal por despojo de tierras en Tempoal. Rivera, en su papel de asesor municipal, ha sido señalado por apropiarse de terrenos ejidales, presuntamente mediante amenazas y corrupción.
A pesar de estos antecedentes, Rivera se mantuvo activo políticamente. En noviembre del mismo año, Morena lo invitó a competir por una diputación federal en el distrito 1 con cabecera en Pánuco. También entonces, la indignación pública obligó a frenar su postulación.
Entre la justicia ausente y la política que perdona
El caso de Celestino Rivera Hernández resume muchos de los males que aquejan a la política veracruzana: nepotismo, impunidad, abuso de poder y la desmemoria institucional que permite el reciclaje de perfiles acusados de delitos graves.
Organizaciones civiles han urgido a las autoridades estatales y federales a retomar las carpetas olvidadas, a garantizar justicia a las víctimas y a exigir a los partidos políticos procesos de selección más rigurosos y con perspectiva de derechos humanos.
Por ahora, Rivera Hernández queda fuera de la boleta, pero no del aparato político que, al parecer, lo sigue protegiendo.