El pasado 10 de mayo de 2026 me presenté ante la Fiscalía General de la República para interponer formalmente una denuncia penal contra todos los servidores públicos que han participado en esta maquinaria institucional orientada a pulverizar mis 23 años de servicio dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz y a intentar aplastar la libertad de expresión de una periodista crítica, columnista y directora general del portal de noticias AGN Veracruz.
Sí, escogí precisamente el Día de las Madres. Y no fue casualidad.
Porque hay fechas que dejan de ser celebración cuando ciertos personajes públicos han decidido convertir la infamia en su verdadera herencia moral. Mientras millones de mujeres eran abrazadas, reconocidas y acompañadas por sus familias, otras enfrentábamos el rostro más miserable del poder: el de funcionarios públicos que utilizan cargos, presupuestos, influencias y estructuras institucionales para intentar destruir financiera, emocional y profesionalmente a una mujer incómoda para el sistema.
Lo hice ese día porque el simbolismo era imposible de ignorar. Porque mientras muchas madres celebraban con dignidad, yo acudía a una sede federal a denunciar una red de servidores públicos que, desde distintas trincheras institucionales, han operado coordinadamente para castigar mi trabajo periodístico, mi actividad como defensora de derechos humanos y mi postura crítica frente al poder.
Y también porque, honestamente, hay personas que parecen haber sustituido principios, ética y humanidad por soberbia, corrupción y abuso institucional. Funcionarios que hoy actúan como si los cargos públicos fueran herramientas personales de venganza y no espacios de servicio público. Burócratas que se sienten intocables porque llevan años moviéndose dentro de estructuras donde el nepotismo, el influyentismo y la protección política funcionan como moneda corriente.
Esa denuncia no nació del enojo momentáneo ni de una reacción impulsiva. Nació de expedientes, de documentos, de nombres, de resoluciones, de omisiones, de agresiones acumuladas y de una línea de tiempo que exhibe cómo distintas áreas del aparato estatal terminaron sincronizándose para intentar quebrar económica, emocional y profesionalmente a una periodista con más de tres décadas de trayectoria y 23 años de servicio dentro de la propia SEV.
No estamos frente a un conflicto administrativo ordinario ni ante una diferencia laboral susceptible de resolverse entre sellos, memorándums y simulaciones jurídicas. Lo que hoy ocurre en Veracruz tiene todos los elementos de una persecución institucional sistemática construida desde el abuso de poder, el nepotismo, la misoginia y la utilización facciosa de instituciones públicas para intentar destruir financiera, emocional y profesionalmente a una mujer que durante décadas ha documentado abusos, corrupción y violencia institucional.
Y hay nombres. Porque cuando el poder opera en manada, también deja huellas.
Derivado de que la supervisora escolar Silvia Bautista Peraza ha sido mi agresora directa durante años, construyendo narrativas de calumnia, hostigamiento y fabricación de hechos, decidió llevar su obsesión al extremo de interponer una querella penal en mi contra argumentando supuestas amenazas, agresiones y, en uno de los episodios más absurdos y patológicamente ridículos de esta historia, llegó incluso a señalarme por “abuso de autoridad”. Sí, leyó bien: abuso de autoridad. Como si una subordinada pudiera ejercer abuso de autoridad contra quien se mueve bajo redes de influyentismo, protección política y autoritarismo institucional.
Porque en la Zona Escolar 017 no opera únicamente una estructura administrativa; opera una auténtica red de control basada en parentescos, privilegios y sometimiento institucional.
Ahí aparece Christopher Couttolenc Ochoa, director general de Educación Primaria Estatal, señalado como uno de los operadores centrales de esta persecución. Y aparece también su cuñada, Silvia Bautista Peraza, quien se mueve dentro de la zona escolar bajo una lógica de protección absoluta, nepotismo descarado y autoritarismo permanente. Una estructura tan cínica que incluso mantiene a su hija, Estefanía Couttolenc Bautista, con plaza docente en la Escuela Primaria Morelos, dentro de la misma zona donde los privilegios familiares parecen estar por encima de cualquier principio ético, administrativo o de legalidad.
Y junto a ellas, María del Rosario Pérez Méndez, formalmente Asesora Técnica Pedagógica, pero que en los hechos opera como segunda al mando de la supervisión escolar, usurpando funciones, ejerciendo control administrativo y participando activamente en la dinámica de hostigamiento que durante meses escaló hasta convertirse en una auténtica operación institucional de exterminio laboral y económico.
Todo esto bajo el cobijo de funcionarios de alto nivel como el oficial mayor de la SEV, José Ramón Cardona Mendoza, cuya actuación ha sido señalada por actos de misoginia institucional y participación directa en la estructura que consumó el cese ilegal, el despojo funcional y la retención total de mi salario desde el pasado 13 de abril.
Porque sí, el ataque dejó de ser simbólico desde hace mucho tiempo.
El 13 de abril de 2026 se consumó la retención absoluta de mi salario, un ingreso vital producto de 23 años de servicio dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz. No se trata de una “incidencia administrativa”; se trata de violencia económica ejercida deliberadamente para quebrar la estabilidad de una mujer periodista, defensora de derechos humanos y directora general del portal de noticias AGN Veracruz. Es utilizar el hambre como mecanismo de presión institucional. Es intentar doblegar mediante el castigo financiero a quien no se sometió políticamente.
Y mientras eso ocurre, la señora Silvia Bautista Peraza pretende ahora “conciliar”.
La audiencia programada para hoy a las 13:30 horas, derivada de la carpeta espuria 193/2026, exhibe el tamaño del absurdo institucional. Durante esta semana, mi defensa me informó que la supervisora pretende que le pague tratamiento psicológico por supuestas agresiones que jamás acreditó dentro de esa carpeta fabricada. Es decir, después de haber participado activamente en la retención ilegal de mi salario, ahora pretende obtener dinero bajo una narrativa victimista construida artificialmente desde el aparato institucional.
Confieso que hasta risa me dio cuando mi defensa me lo informó. Porque el nivel de cinismo ya ni siquiera intenta guardar formas.
¿Con qué autoridad moral pretende hablar de daños psicológicos alguien que ha participado en un entramado institucional que me dejó sin salario, me expulsó físicamente de mi centro de trabajo, colocó mi escritorio en áreas públicas como mecanismo de humillación y utilizó estructuras de poder para judicializar una narrativa fabricada?
Porque la cronología desmonta el teatro completo.
El 13 de enero de 2026 ocurre el evento que posteriormente sería manipulado para construir la carpeta penal 193/2026. Ese mismo día acudí a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde quedó certificada mi alteración psicofísica derivada de los hechos ocurridos en la Supervisión Escolar Zona 017. Sin embargo, días después, la narrativa comenzó a mutar de simples gritos a supuestas lesiones, “rectificaciones de columna” y daños físicos científicamente cuestionables, sin dictámenes médicos inmediatos ni evidencia objetiva suficiente.
El 30 de enero, el fiscal Martín Miguel Ángel Palacios Mendoza judicializó la carpeta espuria 193/2026, llena de irregularidades y violaciones procesales, pisoteando el debido proceso y los principios fundamentales del Código Nacional de Procedimientos Penales, utilizando el aparato ministerial para sostener una narrativa artificial en mi contra. Todo ello encabezado por un funcionario que además ya ha sido señalado públicamente por presuntos actos de corrupción y cuya actuación hoy forma parte de una estructura institucional que intenta criminalizar a una periodista crítica mediante mecanismos fabricados y jurídicamente cuestionables.
El 13 de marzo se emitió el dictamen SEV/OM/0826/2026 firmado por José Ramón Cardona Mendoza y Christopher Couttolenc Ochoa, ordenando el cese y la contratación de un interino sobre mi plaza de base.
Entre el 25 y el 27 de marzo se ejecutó materialmente el despojo funcional: cierre de oficina, expulsión física y actos de escarnio. No bastaba con intentar removerme administrativamente; también había que humillar, exhibir y mandar el mensaje de que cualquiera que incomode al poder puede ser tratado como desecho institucional.
El 13 de abril vino la retención total de salario.
Y el 14 de mayo acudí formalmente ante la Fiscalía General de la República para ratificar la denuncia federal FED/VER/VER/0001233/2026, actualmente turnada a la FEADLE, donde ya se investiga una posible agresión sistemática contra la libertad de expresión.
Porque eso es exactamente lo que intentan destruir: no solamente a una trabajadora, no solamente a una mujer, no solamente a una servidora pública. Intentan pulverizar una voz crítica, castigar una línea editorial incómoda y mandar un mensaje de intimidación contra quien se atreva a señalar corrupción, abuso de poder y podredumbre institucional.
Y por eso resulta todavía más indignante observar cómo organismos que deberían proteger víctimas han terminado integrándose a esta estructura de simulación institucional. La CEDH, la CEEAIV y la CEAPP han sido incapaces —o renuentes— a actuar con la contundencia que exige un caso de violencia institucional y de género tan evidente como éste. A ello se suma un aparato judicial donde magistrados y jueces federales han emitido resoluciones que en los hechos terminan blindando a la SEV incluso frente al incumplimiento de un laudo firme que ya acumula casi cuatro años de desacato y más de 800 mil pesos retenidos correspondientes a aportaciones relacionadas con el IPE.
Y mientras tanto continúan los ataques contra mi portal AGN Veracruz. Más de diez ataques digitales registrados entre abril y mayo. Porque el objetivo nunca ha sido únicamente laboral. Es político. Es mediático. Es económico. Es un mensaje de castigo contra quien se atreve a escribir, documentar y señalar.
Lo verdaderamente patético es observar cómo tantos servidores públicos necesitan operar en grupo para intentar destruir a una sola mujer. Una periodista con más de tres décadas de trayectoria, 23 años de servicio público y una vida entera dedicada a la defensa de derechos humanos.
Pero así funcionan las estructuras cobardes: nunca atacan de frente. Siempre lo hacen protegidos por el poder, por el cargo, por la corrupción y por el aparato político que les garantiza impunidad.
La diferencia es que ahora todas esas mentiras, fabricaciones, omisiones y esa carpeta espuria construida para intentar criminalizarme ya no solamente forman parte de un expediente local manipulado políticamente. Ahora tendrán que sostenerlas, explicarlas y demostrarlas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Y ahí ya no bastarán los influyentismos regionales, los parentescos políticos ni las simulaciones ministeriales que durante meses utilizaron para intentar fabricar una culpable donde lo que realmente existe es una víctima de persecución institucional.