La muerte de Carlos Manzo exhibió la capacidad de los cárteles para asesinar a una autoridad en la plaza. La identidad del atacante reveló otra tragedia: adolescentes convertidos en ejecutores de organizaciones capaces de reemplazarlos sin dificultad. Quienes ordenan estos crímenes permanecen lejos de las balas.
En México, el reclutamiento criminal puede comenzar con dinero, una motocicleta, un teléfono o la promesa de pertenecer a un grupo. También comienza con amenazas, engaños y violencia. Los cárteles conocen las carencias de las comunidades y aprovechan el abandono institucional. Donde la escuela pierde alumnos, la delincuencia encuentra candidatos. Donde faltan oportunidades, las organizaciones criminales ofrecen una identidad y después cobran la pertenencia con obediencia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México y el Observatorio Nacional Ciudadano estimaron que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes estaban en riesgo de reclutamiento en 2020. Reinserta encontró en 2022 que siete de cada diez adolescentes reclutados entrevistados en centros de internamiento habían recibido entrenamiento criminal y una proporción semejante había participado en actividades de sicariato. Ocho de cada diez desarrollaron un sentimiento de pertenencia al cártel. Les ofrecen una falsa familia. Después disponen de sus vidas.
REDIM documentó 10 mil 707 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes durante 2025. Al comenzar enero de 2026, 2 mil 856 seguían sin ser localizados. No todos fueron reclutados, pero se desconoce cuántos terminaron atrapados en estructuras criminales. El Estado carece de información para dimensionar esta violencia.
Conversé sobre este tema con Juan Martín Pérez García, defensor de derechos humanos y coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien es contundente al respecto: “Dos reformas aprobadas por unanimidad no equivalen a una política de Estado. México necesita dejar de mirar a las infancias reclutadas como instrumentos del crimen organizado y reconocerlas como víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos. El verdadero desafío es impedir que sean reclutadas, proteger sus vidas y garantizar que puedan salir de las redes criminales sin ser asesinadas, desaparecidas o encarceladas”. También señala que “en marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una modificación al delito de corrupción de menores, una figura concebida en 1966, sin reconocer el reclutamiento infantil como delito autónomo. Tejiendo Redes Infancia cuestionó que se privilegie el castigo sobre la protección de las víctimas”.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum rechace la idea de que amplias regiones del país estén bajo control criminal, los casos de reclutamiento infantil obligan a examinar dónde falla la protección pública. Una reforma penal no sustituye escuelas seguras, oportunidades económicas ni mecanismos de rescate. Tampoco devuelve a sus familias a los adolescentes desaparecidos.
Reconocer a un adolescente reclutado como víctima no significa borrar su responsabilidad por los delitos cometidos. Significa investigar también a quienes lo captaron, amenazaron, entrenaron y enviaron a matar. La violencia contra él comenzó mucho antes de que empuñara un arma.
Víctor Manuel tenía 17 años. Carlos Manzo perdió la vida aquella noche. El adolescente que lo asesinó tampoco regresó a casa. Entre ambas muertes queda una pregunta que ninguna reforma puede eludir: ¿cuántos niños más tendrán que morir antes de que el Estado llegue a tiempo?
@MaiteAzuela
EL UNIVERSAL