Ciudad de México.- El reciente anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que acusa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de complicidad con el Cártel de Sinaloa, ha causado un revuelo significativo en el ámbito político de México. La noticia ha intensificado la polarización entre Morena y los partidos de oposición.
Desde el partido gobernante, líderes como Ricardo Monreal de Morena defendió al gobernador, apelando al principio de la presunción de inocencia mientras no existan pruebas fehacientes. En el Senado, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña también manifestaron su respaldo, al considerar que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos.
Paralelamente, los partidos de oposición, encabezados por figuras del PAN y otros partidos, han reclamado acciones inmediatas. Han solicitado investigaciones exhaustivas y la separación del gobernador y los involucrados de sus cargos mientras se determina la veracidad de los señalamientos.
La metralla política no tardó. Desde la oposición, dirigentes y legisladores se fueron de frente: calificaron el caso como grave, como la confirmación de lo que —dicen— llevan años denunciando, presuntos vínculos entre el oficialismo y el crimen organizado. Y exigieron lo de manual: investigación a fondo y que los implicados se separen del cargo.
En Movimiento Ciudadano, su dirigente y excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, apretó en la misma tecla: separación del cargo para no contaminar el proceso. Y puso vara: “la severidad con la que han actuado frente a la gobernadora de Chihuahua debe ser el parámetro”.
El Partido Revolucionario Institucional cerró filas en su discurso: la acusación, dijo, evidencia vínculos criminales en Morena —otra vez “narcopartido”— y demandó investigación a fondo y detenciones.
El senador panista Ricardo Anaya sostuvo que la acusación “no es un caso aislado”, que hay un patrón dentro de Morena y que los señalados deben “dar la cara” y comparecer ante la Cámara alta. La narrativa: no es un desliz, es sistema.
Desde la misma trinchera, Xóchitl Gálvez dijo que el tiempo le dio “la razón”. Retomó su etiqueta de “narcopartido” para Morena y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que solicite la salida del gobernador y de los funcionarios señalados, para que corran las investigaciones sin interferencias.
Golpe coordinado, lenguaje calcado y un mismo objetivo: instalar la idea de que no es un expediente más, sino la punta de una trama mayor. Falta lo sustantivo: las pruebas, el curso de la investigación y si el poder decide abrir la puerta o volver a cerrarla.
Las autoridades estadounidenses han imputado a Rocha Moya y a otros funcionarios de facilitar las actividades del cártel mediante operaciones ilícitas a cambio de grandes sumas de dinero. En respuesta, Rocha Moya negó tajantemente las acusaciones y solicitó que se respeten los mecanismos legales establecidos para la resolución del caso.
El conflicto también se extiende a nivel diplomático, con la Cancillería mexicana expresando su descontento por las acusaciones públicas hechas por Estados Unidos y planeando interponer una queja diplomática. Este episodio amplifica las tensiones internas en México sobre la conexión entre política y crimen organizado, así como las relaciones bilaterales con su vecino del norte.