Nueva York, EU.- El gobierno estadounidense ha solicitado la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve personas más, incluido el senador Enrique Inzunza, acusados de narcotráfico, colusión con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, tráfico de armas y usar su poder político para instruir al crimen organizado a secuestrar a sus adversarios en procesos electorales a fin de garantizar la victoria del partido obradorista Morena.
La acusación cayó como un disparo seco desde Nueva York. No hubo aviso, ni matices. El expediente quedó radicado en el tribunal del Distrito Sur y apunta directo al corazón político de Sinaloa: el gobernador Rubén Rocha Moya.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, no está solo. En la lista aparecen nombres de primer nivel: el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; y el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez.
La red se extiende hacia mandos operativos y ministeriales. También figuran Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador; Marco Antonio Almanza Avilés, comisario de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, excomisario; José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”, comandante estatal; y Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, mando municipal en Culiacán.
A los diez los acusan de lo mismo: “haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en Estados Unidos”. El caso quedó en manos de la jueza federal Katherine Polk Failla.
La narrativa de Washington es frontal. “El Cártel de Sinaloa no solo trafica con drogas letales, sino que es una organización designada como terrorista que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y obtener beneficios”, afirmó Terrance Cole, administrador de la DEA.
Y remata: “pone al descubierto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadounidenses”.
No se trata solo de omisión. La acusación habla de complicidad estructural. “Los acusados presuntamente utilizaron puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, lo que permitió el flujo de drogas letales hacia nuestro país”, añadió Cole.
El mensaje es político y judicial. “Nadie está por encima de la ley”, dijo. Y agradeció “a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad cada día y se unen a nosotros para salvaguardar nuestras comunidades”.
Desde la fiscalía del Distrito Sur, Jay Clayton fue más allá: el narco no opera solo. “El Cártel de Sinaloa y otros cárteles no podrían operar tan libre y exitosamente sin políticos y autoridades corruptas en su nómina”.
La advertencia es global: “El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro… sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a traerlos ante la justicia”.
El expediente describe una maquinaria aceitada. Los señalados habrían participado “en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas… para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina”.
No eran piezas marginales. “Han desempeñado diversas funciones esenciales para el cartel”, dice el documento. Entre ellas, proteger líderes, filtrar información sensible y anticipar operativos.
La protección habría sido activa. Según la acusación, ordenaron a corporaciones estatales y municipales resguardar cargamentos y permitir rutas seguras hacia Estados Unidos.
Y algo más grave: “permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal relacionados con la droga sin sufrir consecuencias”.
El dinero cerraba el círculo. “Los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cártel”.
La trama, según Washington, conecta con una facción específica: Los Chapitos. En el caso del gobernador, la acusación es directa: llegó al poder “después de que ‘Los Chapitos’ presuntamente le ayudaron a salir elegido mediante, entre otras cosas, el secuestro y la intimidación de sus rivales”.
El compromiso, siempre según la fiscalía, era claro. Rocha Moya habría prometido “protegerlos mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos” y, ya en funciones, “ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
Los mandos intermedios también aparecen con cifras y tareas. Sobre Castro Zaavedra, el documento sostiene que recibía pagos mensuales —“aproximadamente 11 mil dólares”— a cambio de blindar a la organización y filtrar operativos.
Otros cruzaron la línea hacia la violencia directa. El caso de Juan Valenzuela Millán es paradigmático: “presuntamente recibía más de aproximadamente mil 600 dólares estadounidenses al mes de Los Chapitos”.
A cambio, habría entregado la policía municipal al grupo criminal, facilitando detenciones, secuestros y asesinatos para mantener el control de Culiacán.
La acusación cierra con un episodio que sintetiza la lógica del expediente. En octubre de 2023, Millán “ayudó a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar… a quienes posteriormente torturaron y asesinaron”.
Nueva York ya abrió el caso. En Sinaloa, el golpe apenas comienza.
LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN
Las solicitudes de extradición, de las que el gobierno mexicano tuvo conocimiento desde el martes 28 por la noche, han sido transmitidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República para su análisis y posible cumplimiento.
La SRE ha destacado la importancia de la confidencialidad en tales procesos y ha señalado su preocupación por la filtración de información a través de canales no oficiales, indicando que se enviará una nota diplomática a la embajada estadounidense en protesta.
A pesar de la recepción de tales solicitudes de extradición, en una revisión preliminar, la SRE sugiere que los documentos no aportan pruebas suficientes para establecer culpabilidad, según el tratado bilateral de extradición entre ambas naciones.
Será responsabilidad de la Fiscalía determinar, conforme a la legislación nacional, la validez de dichas solicitudes y si existen elementos que justifiquen una detención con fines de extradición. Esta acción deberá considerar el contexto legal y los derechos de los implicados.