Ciudad de México.- El anuncio de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre la implementación de sanciones para medios de comunicación a través de una defensoría de audiencias ha despertado controversia internacional. Esta iniciativa guarda similitudes con la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, vigente durante el gobierno de Rafael Correa desde 2013.
La propuesta, que se encuentra bajo consulta pública hasta el 21 de agosto, sugiere la creación de un defensor para las audiencias, una figura destinada a autorregular los contenidos mediáticos. La ausencia de publicación del código de ética podría resultar en sanciones económicas para los medios que incumplan.
Preocupa que estas medidas puedan restringir la libertad de expresión, tal como alertaron organismos internacionales en el pasado sobre el caso ecuatoriano, donde los defensores de derechos advirtieron que las regulaciones podrían suprimir la crítica al gobierno.
En América Latina, las restricciones a la prensa han sido una preocupación en países como Venezuela y Nicaragua, donde organizaciones de derechos humanos han señalado represión hacia medios críticos, incluyendo acciones como descalificaciones y clausuras.
El debate se centra en el balance entre regular la comunicación y mantener la independencia informativa, una discusión crítica en el escenario político y social latinoamericano contemporáneo.