Ciudad de México.- La comunicadora Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio en Nanchital, Veracruz, fue confirmada muerta por la Secretaría de Marina, marcando un trágico desenlace en un caso que ha capturado la atención nacional. Su secuestro fue inicialmente documentado en un video que mostró cómo era violentamente sustraída de su residencia.
La detención de José “N”, conocido como “Delta 7”, fue llevada a cabo por la Marina junto a la Secretaría de Seguridad, tras operaciones de inteligencia ejecutadas en Coatzacoalcos. Según las autoridades, el acusado confesó la ubicación del asesinato de Guzmán, lo cual está siendo corroborado por el personal naval en el área asegurada.
La Fiscalía General de la República tomó las riendas del caso el 12 de junio, más de una semana después del secuestro. Sin embargo, se han levantado críticas desde el círculo familiar de la víctima, quienes sienten que el avance en la investigación ha sido insuficiente a pesar de los esfuerzos federales.
El fiscal del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, enfatizó la importancia de considerar el contexto social y familiar alrededor de este crimen para que las investigaciones continúen sin interrupciones. La Fiscalía ha comprometido sus recursos a mantener una investigación exhaustiva bajo las directrices del Protocolo de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.
La Fiscalía Especial de Atención a los Delitos Contra la Libertad de Expresión ha asumido el liderazgo para garantizar que se respeten los derechos de aquellos que ejercen la libertad de prensa. Este caso resalta las amenazas persistentes contra comunicadores en México, subrayando la necesidad de protección efectiva hacia quienes desarrollan esta labor indispensable para la democracia.