Ciudad de México.- La controversia sobre el empleo del Castillo de Chapultepec para eventos privados ha escalado en el ámbito político tras las denuncias realizadas por académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Estos reclamaron a la Fiscalía General de la República que investigue presuntos incumplimientos legales en la cesión del espacio a la FIFA.
La normativa vigente que resguarda el patrimonio histórico y arqueológico mexicano no contempla la posibilidad de arrendar museos o zonas históricas, situación que los denunciantes consideran potencialmente delictiva. Los legisladores han mencionado violaciones al orden jurídico al aprobarse el uso del emblemático lugar para actividades privadas.
Integrantes del Partido Acción Nacional, entre ellos el diputado Federico Döring, exigen sanciones para prevenir que precedentes como este alienten futuras utilizaciones indebidas de bienes culturales. Critican la permisividad de funcionarios que, argumentan, socava la integridad del recinto para beneficiar intereses comerciales.
La diputada panista Genoveva Huerta denunció que la acción contradice principios de soberanía cultural promovidos por el actual gobierno, acusando hipocresía al priorizar transacciones con corporaciones internacionales a expensas del patrimonio nacional. La oposición sostiene que el patrimonio cultural de México debe permanecer protegido y no ser disponible para fines corporativos.