Coatzacoalcos, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, instó a los habitantes de Tatahuicapan a priorizar el diálogo sobre el conflicto por la presa Yuribia, evitando así el cierre de válvulas que podría perjudicar el suministro de agua en localidades como Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos durante la época de calor.
El desencuentro se originó tras ser retenido un camión recolector de basura del municipio de Soteapan, que desencadenó demandas por parte de la comunidad para recibir obras. Nahle alertó que estas acciones podrían ser consideradas como delitos e hizo hincapié en que el diálogo debe ser el camino hacia la solución.
El camión fue prestado para labores de recolección a cambio de que la basura de Soteapan fuera confinada en terrenos ejidales de Tatahuicapan. El acuerdo lo realizaron los alcaldes de ambos municipios, Sósimo López Ramírez y Vladimir González Martínez, respectivamente, pero los ejidatarios protestaron señalando que no fueron enterados de esa decisión.
Su reacción fue retener la unidad vehicular, señalar que sólo la devolverían mediante el pago de una multa de 130 mil pesos y que no se volviera a depositar basura en el ejido. A ello sumaron una petición de obras públicas.
En Soteapan llegó la respuesta: la devolución inmediata del camión recolector sin multa alguna, lo que prevé la radicalización del conflicto y el riesgo de un enfrentamiento entre pobladores.
Rocío Nahle resaltó que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz está realizando labores de mantenimiento en la presa, asegurando el suministro. Destacó que los municipios poseen recursos para solventar sus requerimientos, exhortando a no perjudicar a otras localidades.
El conflicto refleja una tensión persistente en la región, donde las exigencias de infraestructura se han tornado en un punto de fricción entre las autoridades y las comunidades afectadas, subrayando la necesidad de acuerdos para evitar repercusiones negativas en el acceso al agua potable.
La gobernadora hizo un llamado urgente para generar consensos que eviten escaladas del conflicto, asegurando que el bienestar de todos los habitantes depende de soluciones pacíficas y colaborativas. Sin embargo, deslizó que las partes en disputa pueden incurrir en delitos como sabotaje y extorsión.