ESPECIAL
Ciudad de México.- En punto de las 17:59 horas del miércoles, las puertas del penal federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, se abrieron para recibir a un huésped incómodo: Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, ex priista de cepa, viejo conocido de las cortes estadounidenses y ahora también de los tribunales mexicanos.
Llegó escoltado en un convoy discreto pero sólido: cuatro camionetas de la Agencia de Investigación Criminal que lo trasladaron desde el Aeropuerto Internacional de Toluca. Minutos antes había aterrizado, proveniente de Baja California, luego de haber sido entregado por el gobierno de Estados Unidos tras cumplir allá una sentencia reducida por cargos de lavado de dinero y conspiración.
Un viaje largo y torcido
El regreso de Yarrington no fue un paseo cualquiera. Fue extraditado por vía terrestre a través de la frontera San Diego-Tijuana, trasladado después a la Ciudad de México bajo estricta vigilancia, y llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para un chequeo médico.
Ahora, en suelo nacional, lo espera un proceso judicial que se prevé será por el sistema tradicional, sin reflectores ni cámaras, con audiencias privadas. Silencio, como el que han tenido muchos casos de políticos que durante años jugaron en la delgada línea que separa el poder del crimen.
De candidato a cómplice
Las acusaciones que hoy pesan sobre Yarrington no son nuevas. Desde 1998 —cuando era apenas un candidato a la gubernatura— las agencias de seguridad ya le seguían el rastro. Las investigaciones apuntan a que recibió sobornos de cárteles del narcotráfico, a cambio de protección, silencio institucional y vía libre para operar en Tamaulipas, una de las entidades más golpeadas por el crimen organizado.
Después vinieron los cargos formales: lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fue prófugo, fue prócer del escándalo, y finalmente fue detenido en Italia, el 10 de abril de 2017, gracias a una ficha roja de Interpol.
Italia lo entregó a Estados Unidos. Allá fue procesado y condenado, aunque sus delitos fueron “negociados” en un acuerdo judicial que redujo su condena. Y ahora está de vuelta. México lo reclamó, y el gobierno estadounidense lo entregó.
El regreso del ausente
Su llegada al Altiplano no fue con el mismo ruido mediático que otros exgobernadores detenidos. No hubo flashes, ni declaraciones altisonantes. Solo un hombre envejecido y callado, cargando encima el peso de su pasado y el recuerdo de una época en que el poder político caminaba de la mano con los señores del narco.
En las próximas semanas comenzará su proceso ante la justicia mexicana. Pero si algo ha demostrado la historia reciente de este país, es que los juicios contra exfuncionarios de alto perfil pueden durar años… o simplemente desvanecerse entre recursos legales, tecnicismos, o conveniencias políticas.
Por lo pronto, Yarrington duerme esta noche en una celda del penal de máxima seguridad, ese sitio donde muchos que fueron “intocables” han terminado por compartir la misma suerte: mirar el mundo tras un enrejado, sin importar cuán lejos llegaron ni cuánto poder acumularon.
La justicia en México no siempre llega, pero cuando lo hace —aunque tarde, aunque a medias— tiene su propia forma de ajustar cuentas.