Por Carlos Caiceros/E-CONSULTA

Con 2 votos a uno, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó no amparar a Jorge Winckler Ortiz para ser restituido en el cargo.

Lo anterior al votar en contra de una resolución de un juez federal que planteaba que el exfuncionario, actualmente prófugo, sufrió violaciones a sus derechos humanos al ser separado del cargo de Fiscal General.

De acuerdo con el expediente, el Juez Decimoctavo de Distrito consideró indebidamente el acuerdo por el que el Congreso local determinó la separación definitiva del exfiscal en marzo de 2020.

Sin embargo, en la sesión ordinaria fue votado por mayoría el proyecto elaborado por el magistrado Octavio Ramos Ramos, con el que se hacía efectiva la reinstalación de Winckler Ortiz.

Votaron en contra los magistrados Roberto Castillo Garrido y Alfonso Ortiz. El primero afirmó que las violaciones hechas valer en torno a las facultades con las que contaba o no el Congreso para separarlo de su cargo, no pueden estudiarse en este momento.

Por su parte, Alfonso Castillo dijo que sí existió un proceso iniciado por el Congreso Local para remover a Winckler del cargo, por lo que la separación temporal y luego definitiva, estuvieron dentro del marco legal.
Indicó que al final de cuentas quien lo remueve del cargo definitivamente fue el pleno, no solo la Diputación Permanente de la pasada LXV Legislatura.

¿QUÉ PLANTEABA EL PROYECTO?

El proyecto desterminaba que todos los actos subsecuentes a la remoción de Winckler eran ilegales, entre ellos la designación de Verónica Hernández Giadáns como fiscal general.

“… la autoridad responsable Congreso del Estado de Veracruz, deberá dejar insubsistente el Acuerdo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz; y proceder de inmediato a su restitución en el cargo que venía ocupando, así como a realizar el pago de su sueldo y demás prestaciones económicas y de seguridad social, desde su separación hasta su restitución”, señala parte de la sentencia a votarse este jueves.

El expediente de 90 páginas detallaba también que el Congreso del Estado promovió un recurso para evitar entregar la documentación con la que valido la ausencia de exámenes de control y confianza.