Rocio Nahle, Mexico's energy minister, speaks during an interview in Villahermosa, Tabasco state, Mexico, on Thursday, Aug. 19, 2021. Vitol Group and Trafigura Group -- both barred from new oil-trading business with Mexicos state producer for alleged corruption -- will be subject to the ban until at least the end of 2024 while the government reviews the conduct of other commodity traders, Nahle said. Photographer: Alejandro Cegarra/Bloomberg via Getty Images
En Veracruz, la violencia electoral se torna innegable, pero la gobernadora Rocío Nahle se niega a reconocerlo. En un escenario marcado por amenazas y agresiones a candidatos, Nahle desvía la atención acusando a la oposición de generar “campañas de pánico”. Sin embargo, esta postura resulta poco creíble, sobre todo cuando ya se han registrado secuestros y asesinatos políticos en la región.
El contexto es alarmante: en las últimas semanas, aspirantes a diversas alcaldías han denunciado amenazas directas que han llevado a varios a renunciar a sus candidaturas. Entre ellos se encuentran candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI, quienes han manifestado que el miedo los obliga a abandonar sus ambiciones. Los reportes hablan de al menos diez candidatos amenazados, y la respuesta de la administración de Nahle ha sido la omisión y la minimización de la gravedad del problema.
Uno de los casos más impactantes se da con Elvia Merlín Castro, una candidata de Morena que, tras ser respaldada por la dirigencia nacional del partido, prefiere abandonar la contienda al percibir la infiltración de “personajes siniestros” en su campaña. La falta de seguridad y protección efectiva por parte de las autoridades pone en evidencia una grave omisión por parte del gobierno estatal.
El mismo patrón se repite con otros candidatos, cuyo miedo a represalias ha llevado a una disminución del número de aspirantes en la contienda electoral. La Fiscalía de Veracruz también ha hecho ciertas afirmaciones cuestionables, como acusar a un candidato de haberse autosecuestrado, una situación que solo suma confusión y desconfianza a un entorno ya de por sí tenso.
En este clima de violencia, la estrategia de Rocío Nahle se torna cada vez más evidente: ignorar la crisis y desviar la atención hacia teorías de conspiración que le permitan sostener su narrativa. Al final, lo que realmente se establece es que el crimen organizado tiene carta abierta en Veracruz, mientras las autoridades eligen mirar hacia otro lado, dejando a los candidatos a su suerte. La urgencia de una intervención efectiva es inminente, antes de que más vidas se vean comprometidas en este juego de poder.
Es inaceptable que en pleno 2025 la violencia siga siendo un factor determinante en la política estatal. La ciudadanía exige gobernantes responsables y comprometidos con la paz, no cómplices de un sistema que alimenta la impunidad y el miedo.