Recién nombrado en el puesto, aunque en los hechos hace tiempo que para efectos prácticos él ha sido el canciller en funciones, vaya asunto el que se le apareció al nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco: bronca con la ONU.
En días en que la discusión pública se ha volcado a discutir la tragedia de los desaparecidos en México después de la presentación de un nuevo inventario de la situación presentado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada “ha decidido solicitar al secretario general que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen”.
“El Comité —dice el comunicado— concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país”.
La reacción del gobierno mexicano ha sido inmediata —ya quisiéramos que fuera así en otras cosas—. El gobierno “rechazó” el informe llamándolo “tendencioso” y porque dice que no tomó en cuenta “las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México”.
Una parte de la respuesta es, por lo menos, curiosa: “Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
Mal andamos cuando el gobierno de la 4T tiene que medio defender a Peña y Calderón.
Nadie, ni el gobierno, ni sus adversarios, ni un solo comentócrata ha negado en la reciente discusión pública la tragedia que son las desapariciones en México ni que el problema radica en fiscalías y otras instituciones.
Por eso, creo que importa la última parte del comunicado: “El Comité solicitó a la Asamblea que considere adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado”.
No suena mal. ¿Qué pensará el nuevo canciller?
MILENIO