Orizaba, Ver.- Jairo Guarneros, asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba, critica las recientes declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle sobre el reemplacamiento obligatorio previsto para 2026, argumentando que la medida, a diferencia de lo hecho durante el gobierno de Duarte, ahora sí implica un costo económico considerable para los transportistas.
Guarneros criticó la aparente falta de información de la mandataria sobre el complicado estado del transporte público, donde muchos taxis todavía operan con permisos antiguos debido a trabas administrativas.
Guarneros subrayó que el problema subyacente no se ha resuelto: muchos transportistas se ven imposibilitados de realizar el trámite de reemplacamiento no por falta de voluntad, sino por los altos costos que el gobierno impone. Resaltó la injusticia de caracterizar a todos los taxis como irregulares, cuando en realidad el obstáculo principal ha sido la barrera económica creada por el propio gobierno.
El asesor del gremio también puso de relieve la contradicción en las políticas actuales, señalando que si el propósito del reemplacamiento no es recaudatorio, las placas nuevas deberían ser gratuitas, como lo fueron durante el gobierno de Duarte. Esta contradicción en el enfoque gubernamental ha generado descontento entre los conductores, quienes ven cómo las nuevas medidas administrativas podrían afectar aún más su situación económica ya de por sí precaria.
Guarneros ha solicitado al Gobierno estatal que reevalúe el impacto económico en el sector del transporte antes de proceder con la implementación de nuevas exigencias fiscales. Argumentó que, de continuar con estas prácticas, no solo se afectará la operatividad de muchos taxistas, sino también la confianza en las políticas gubernamentales, que parecen priorizar el ingreso fiscal por encima de la realidad económica del estado.