El despido de personal del DIF de Coatzacoalcos habría obedecido a una inconformidad de la presidenta del organismo, Sonia Marie Salvador Goraieb, por el trato dado a personas con capacidades diferentes.
Fuentes del ayuntamiento revelaron que en los primeros días de gestión Sonia Marie Salvador observó la indiferencia y frialdad con que el personal trataba a personas con estas condiciones que acuden al DIF a recibir diferentes tratamientos.
Esa inconformidad fue planteada al alcalde Pedro Miguel Rosaldo García y éste decidió llevar a cabo un despido masivo de trabajadores, lo que detonó en el primer escándalo de su administración, agregaron las fuentes.
La preocupación de Sonia Marie de Rosaldo parte de una serie de vivencias personales con temas de capacidades diferentes, razón por la que es sensible al trato que se les confiere.
Ese pareciera haber sido el motor detrás de esta decisión, aparentemente comunicada a su esposo, el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García. La respuesta administrativa fue inmediata pero severa, dejando sin empleo a trabajadores sin ofrecerles ninguna opción de reubicación.
Mirna García Ávalos, directora del DIF municipal, recibió la tarea de manejar estas sustituciones. Sin embargo, las nuevas incorporaciones no han estado exentas de críticas debido al nepotismo que practica al insertar en la nómina a sus hijos y sobrinos, así como a los hijos de otros funcionarios del DIF. En lugar de una selección transparente, se han integrado a la nómina maestros vinculados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como familiares de directivos.
Las acusaciones de nepotismo y falta de ética en las contrataciones han despertado una creciente polémica local. La comunidad se encuentra dividida entre quienes apoyan la necesidad de cambios en el trato del personal hacia quienes viven con capacidades diferentes y quienes critican la forma en que se llevó a cabo la transición.
Las versiones que asocian directamente a Sonia Marie Salvador Goraieb con los despidos no han sido oficialmente desmentidos por las autoridades competentes, lo que refuerza la percepción de una intervención directa en los asuntos laborales del DIF.
La situación plantea preguntas sobre la transparencia y los procedimientos seguidos por el DIF para asegurar un entorno laboral justo y equitativo, especialmente para quienes han dedicado años de servicio al organismo, algunos de ellos con 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad.
Este evento ha resonado en el palacio municipal, donde el silencio oficial al respecto no hace sino alimentar las especulaciones sobre posibles influencias indebidas en la toma de decisiones.