Ciudad de México.– En el trasfondo de una capital que despierta entre murmullos de poder y tramas no resueltas, el nombre de Enrique Peña Nieto vuelve a la escena. Esta vez, no desde la política activa, sino desde las entrañas de una red financiera que involucra a empresarios israelíes y presuntos sobornos por 25 millones de dólares, destinados –según revelaciones del medio The Marker– a garantizar acceso e influencia en el gobierno del entonces candidato y futuro presidente.
Uri Emmanuel Ansbacher y Avishay Samuel Neriya, ligados al comercio de equipos de seguridad, figuran como los emisarios de ese dinero, presuntamente dirigido a la campaña de Peña Nieto en 2012. La indagatoria no menciona por su nombre al ex preside3ente de México. El beneficiario en los documentos es solo “el N”, aunque el contexto no deja lugar a muchas dudas.
El gobierno peñista, que dio entrada a tecnologías de espionaje como Pegasus en Sedena, PGR y Cisen, se convirtió en tierra fértil para operaciones con aroma a ilegalidad. Mientras activistas y periodistas eran espiados, los empresarios israelíes tejían relaciones con instituciones mexicanas, vendían equipo y colocaban contratos que ahora están bajo la lupa.
En pleno 2025, y con Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo, las ramificaciones de esa red no han desaparecido. Solo cambiaron de rostro.