Morelia, Mich.— Aunque en un principio se manejó información sobre su captura, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo continúa prófugo de la justicia. Un juez federal giró orden de aprehensión en su contra por peculado y otros delitos, pero hasta el momento no ha sido detenido.
En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó órdenes de captura contra cuatro exfuncionarios de su administración, presuntamente involucrados en el desvío de 5 mil millones de pesos.
Cae círculo cercano
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, los excolaboradores detenidos son:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
- Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de Finanzas, capturado en Morelia.
- Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de Seguridad Pública, aprehendida en la colonia Praderas de Morelia.
- J. Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en Zinacantepec, Estado de México.
Los cuatro fueron presentados ante la jueza Patricia Sánchez Nava, en el Reclusorio Oriente, como parte de la causa penal 118/2025.
Aureoles, sin rastro
Fuentes oficiales confirmaron que el exmandatario perredista no ha sido localizado y se mantiene en calidad de prófugo, junto con al menos tres exfuncionarios más.
En su gira por Guanajuato, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la detención de Aureoles y respondió tajante: “No”.
El exgobernador es señalado por un presunto desfalco millonario en la construcción de cuarteles de la Guardia Civil de Michoacán. Además, su administración enfrenta 22 denuncias penales por corrupción y desvío de recursos públicos.
Corrupción y excesos
Durante su gobierno (2015-2021), Aureoles fue acusado de manejar el erario de manera irregular. Documentos oficiales revelan que gastó millones de pesos en la renta de helicópteros y jets privados para uso personal.
También se le vincula con la contratación de una empresa sin capacidad financiera para realizar obras públicas y con la adjudicación de inmuebles a precios inflados.
Además, su gestión estuvo marcada por hechos violentos, como la represión en la comunidad indígena de Arantepacua, donde policías estatales asesinaron a cuatro personas, incluidos un menor de edad y un enfermero.
Mientras sus exfuncionarios enfrentan la justicia, Silvano Aureoles sigue en fuga.