CLAUDIO DE LA PEÑA
Coatzacoalcos, Ver .— La disputa postelectoral en Veracruz ha escalado tras las declaraciones del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien acusó un presunto fraude electoral en distintos municipios de la entidad. El político difundió videos y mensajes en redes sociales en los que denuncia irregularidades durante los comicios del pasado 1 de junio.
La reacción de la gobernadora, Rocío Nahle García, fue desfasada, virulenta, agresiva. En diversas declaraciones públicas, respondió con críticas a Movimiento Ciudadano y ha cuestionado la legalidad de las candidaturas de algunos de sus integrantes, señalando posibles vínculos con grupos delictivos.
Pero en el fondo hay más. Morena, el partido de la gobernadora, sufrió una derrota de escándalo.
Las cifras revelan un escenario complejo para Morena en el ámbito municipal. De los 153 municipios que gobierna actualmente en Veracruz, el partido oficialista pasará a controlar 71 a partir de enero de 2026, lo que representa una pérdida significativa de influencia territorial en el estado.
Perdió la mitad de su territorio político y gobernará sólo en la tercera parte de los 212 municipios aunque por la población de algunos de ellos, como el puerto de Veracruz, le permita tener más gobernados.
El Partido del Trabajo (PT), que no fue aliado de Morena en la contienda local, logró imponerse en al menos 30 municipios, superando en muchos casos a los candidatos morenistas. Por su parte, la coalición entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue parcial y en 12 demarcaciones el PVEM se impuso sobre el partido guinda.
En este contexto, las tensiones políticas han aumentado. Desde el entorno de Movimiento Ciudadano se han denunciado intentos de criminalización de sus candidatos y liderazgos, lo que ha sido interpretado por analistas como una señal de endurecimiento en el discurso del gobierno estatal morenista.
El ambiente recuerda, para algunos observadores locales, los años del exgobernador Javier Duarte, cuyo mandato estuvo marcado por acusaciones de persecución política y violaciones a los derechos humanos. Aunque las comparaciones directas generan controversia, la preocupación por el uso del aparato estatal con fines políticos ha sido expresada por organizaciones civiles.
Nahle García apunta a instaurar un régimen policíaco dedicado al asedio a sus adversarios.
Veracruz vive así una de las transiciones políticas más tensas de los últimos años, marcada por acusaciones cruzadas, impugnaciones judiciales y un reacomodo en el mapa político que impactará tanto a nivel local como nacional.