Xalapa, Ver.— A cuatro meses de haber asumido el cargo como gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García ofreció este martes una rueda de prensa para hacer balance de su estrategia en materia de seguridad. La mandataria reconoció avances, aunque también enfrentó cuestionamientos sobre decisiones polémicas, como el retiro de cámaras de videovigilancia en distintas zonas del estado.
La comparecencia estuvo marcada por un tono técnico y político. Nahle presentó cifras de reducción delictiva y defendió las acciones implementadas por su gobierno, al tiempo que reconoció la existencia de “focos rojos” en algunas regiones. Subrayó que el Ejecutivo estatal trabaja de forma coordinada con autoridades federales para garantizar la seguridad durante los próximos comicios locales, previstos para el mes de junio.
Uno de los puntos más sensibles abordados durante la jornada fue el retiro de cámaras del sistema de videovigilancia, una medida que ha generado críticas entre organizaciones civiles. La gobernadora aseguró que el rediseño de la infraestructura tecnológica responde a un plan de modernización, aunque no ofreció detalles sobre plazos o presupuesto.
Acompañada por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Nahle confirmó que al menos cinco candidatos a cargos de elección popular han solicitado medidas de protección, las cuales ya han sido implementadas, según informó Ahued.
El secretario de Seguridad, por su parte, abordó temas como el combate al robo de combustibles —conocido como huachicol— y la reciente rotación de mandos en distintas corporaciones policiales, una estrategia que, dijo, busca depurar las filas de la institución y recuperar la confianza ciudadana.
Otro tema que generó atención fue el feminicidio reciente de una mujer que había denunciado violencia familiar ante la Fiscalía General del Estado (FGE). La gobernadora lamentó el hecho y aseguró que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia a la violencia de género. Sin embargo, colectivos feministas han señalado fallos estructurales en los mecanismos de protección, particularmente en el seguimiento a denuncias previas.
El encuentro dejó entrever los desafíos que enfrenta la administración estatal en un contexto donde los niveles de violencia, extorsión y feminicidios siguen siendo motivo de preocupación para organismos nacionales e internacionales. Mientras tanto, el gobierno de Nahle insiste en que la estrategia está en marcha y que los primeros resultados ya son visibles.