Veracruz, Ver.– Avanza el operativo para desmantelar la red de halconeo en municipios de Veracruz. El aparato de seguridad ha retirado más de un centenar de cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública en Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
El más reciente operativo conjunto, en el que participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, desmanteló 12 cámaras de videovigilancia instaladas ilegalmente en la vía pública de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Las autoridades informaron que los dispositivos quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.
Aunque no se especificaron todos los puntos exactos en Boca del Río, fuentes confirmaron que en el puerto de Veracruz las cámaras fueron halladas en sitios estratégicos, como el libramiento Santa Fe-San Julián, la Unidad Habitacional El Coyol, la avenida Victoria en el Centro, la localidad de Santa Fe y la avenida Lafragua en el fraccionamiento Moderno. Hasta el momento, se desconoce quién instaló estos dispositivos y con qué fines.
Operativos simultáneos en Poza Rica y el sur de Veracruz
Las acciones en Veracruz-Boca del Río coincidieron con otro operativo realizado en Poza Rica, donde se desmantelaron 10 cámaras de vigilancia presuntamente utilizadas por grupos delictivos para monitorear movimientos de las autoridades. Este operativo estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes a la 19 Zona Militar, quienes aseguraron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir el crimen organizado.
40 cámaras en Coatzacoalcos y 53 en Minatitlán y Cosoleacaque
En tanto, en el sur del estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó el retiro de 53 cámaras ilegales en Cosoleacaque y Minatitlán, así como más de 40 dispositivos adicionales en Coatzacoalcos. Las autoridades señalaron que ninguno de estos equipos contaba con autorización, lo que refuerza las sospechas de su uso por parte de redes criminales.