México rechaza acusaciones de desaparición forzada por parte del Estado y asegura que analizará medidas cautelares solicitadas por la ONU, específicamente en el caso del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se han localizado restos humanos y objetos personales que colectivos de búsqueda atribuyen a personas desaparecidas.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob) negaron tajantemente que el Estado mexicano incurra en desapariciones forzadas como política de Estado, como lo sugirieron integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, puntualizó Segob.
Las autoridades federales reiteraron que México mantiene cooperación permanente con el CED, desde su adhesión en 2014 a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En el cierre del 28º Periodo de Sesiones del Comité, el organismo internacional notificó que remitirá una solicitud al Estado mexicano basada en el artículo 34 de la Convención, lo que podría escalar el caso a instancias superiores. México dijo que analizará el documento una vez recibido y compartirá los programas y acciones nacionales que se ejecutan para combatir el fenómeno de las desapariciones.
El Comité emitió medidas cautelares urgentes para el resguardo de restos óseos, objetos personales y evidencia localizada en el Rancho Izaguirre, un sitio que colectivos de madres buscadoras señalan como un centro de exterminio operado por el crimen organizado.
Además, el CED advirtió sobre riesgo de daño irreparable a estas evidencias y expresó su preocupación por las dificultades de los familiares para acceder a información y participar en los procesos de búsqueda e investigación. También alertó sobre intimidaciones y amenazas en contra de las personas que integran colectivos de búsqueda, pese a que algunas cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“El Comité está preocupado porque los familiares y representantes de las personas desaparecidas enfrentan obstáculos para acceder a información clave, y porque los colectivos que hallaron los restos podrían estar en riesgo por su labor”, detalló el comunicado internacional.
En respuesta, el gobierno mexicano insistió en que no consiente, permite ni ordena la desaparición de personas, y aseguró que su administración está comprometida con el respeto a los derechos humanos y con atender las causas estructurales de la violencia.
“México ha reiterado su compromiso para combatir este flagelo y seguirá atendiendo las solicitudes del Comité mediante acciones urgentes, informes y comunicaciones periódicas, a fin de que cuenten con información veraz sobre el contexto actual”, concluyó el comunicado.
Mientras tanto, los colectivos que han trabajado en el predio de Teuchitlán insisten en que la omisión de autoridades estatales y federales para resguardar el sitio representa una amenaza directa a la verdad, la memoria y la justicia.