* Identifican a una mujer de apellido Vega como la que recibía el dinero con la promesa de dar trabajo en el ayuntamiento; el alcalde de Coatzacoalcos violó la presunción de inocencia y su prensa pagada lo secundó
MUSSIO CÁRDENAS
Acosadas en redes sociales, fustigadas por el alcalde Pedro Miguel Rosaldo, que les imputa ser beneficiarias de una estafa laboral, Guadalupe Rodríguez y su hija Paola Alessandra respondieron llevando su caso a la Fiscalía de Distrito.
“No voy a tolerar burradas de nadie”, proclamó el presidente municipal de Coatzacoalcos contra las empleadas municipales, morenistas ambas, coronando así su cruzada, según él, por la moralidad y el humanismo mexicano.
Y atizó el fuego.
Les atribuyó la autoría de un esquema de tráfico de influencias, promesa de plazas de trabajo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, suplantación de identidad de funcionarios municipales, creación de cuentas digitales falsas y cobros de dinero a 42 víctimas de la estafa.
Y las despidió.
Pero, en el fondo, Pedro Miguel Rosaldo García juzgó sin sentencia, sin condena en los tribunales, violando la presunción de inocencia, imputándoles un delito que ambas rechazan y que nadie les ha podido probar.
Guadalupe Rodríguez Subiaur y Paola Alessandra Jiménez Rodríguez, en respuesta, llevaron su caso a la Fiscalía de Distrito, en Coatzacoalcos, acusando coacción, amenazas, intimidación, acoso laboral, daño moral y psicológico.
Tras bambalinas hay un nombre: Miguel Espinosa Villegas, alias “Armillita”, alcalde suplente de Coatzacoalcos, el zar de los ambulantes durante ocho años, señalado en el entorno de Paola Alessandra y Guadalupe Rodríguez de mover el escándalo por una motivación muy personal: una deuda que no ha podido cobrar por carecer de documento para reclamarlo.
LA DENUNCIA
A Paola Alessandra Jiménez Rodríguez le soltaron la maquinaria oficial el 9 de mayo. Ese día fue conminada a reconocer que había ofrecido plazas de trabajo a cambio de dinero.
“Fui señalada directamente de haber cometido un supuesto fraude, sin que existiera prueba alguna que sustentara dicha acusación”, señaló en su denuncia ante la Fiscalía de Distrito, registrada en la carpeta de investigación UAT/DXXI/CTZ/F4o/820/2026.
Refiere que fue llamada a la Jefatura de Recursos Humanos del ayuntamiento de Coatzacoalcos y ahí comenzó la coacción. Le expresaron que “había policías afuera esperándome” y que “si yo no decía la verdad las consecuencias serían mayores”.
La presión crecía:
“Manifesté que no tenía nada que ver absolutamente con el supuesto fraude –dijo Paola Alessandra–. Sin embargo, continuaron los señalamientos e insinuaciones encaminadas a presionarme psicológicamente para aceptar hechos que no cometí”.
Al día siguiente, el 10 de mayo, varias personas llegaron a su domicilio exigiendo la devolución del dinero depositado en una cuenta bancaria como pago por la plaza de trabajo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.
“Durante dichos actos –señala en la denuncia–, las personas presentes tomaron fotografías de nuestro domicilio, mismas que posteriormente fueron difundidas en redes sociales, generando temor y preocupación por nuestra seguridad e integridad.
“Señalamos particularmente a María Fernanda ‘N’ como una de las personas que participaron tanto en la difusión de publicaciones como en los actos intimidatorios realizados en nuestra contra.
EL AYUNTAMIENTO LAS DESPIDE
El lunes 11, Guadalupe Rodríguez Subiaur, madre de Paola Alessandra, recibió una llamada telefónica.
“A las 12 horas aproximadamente, se comunicaron vía telefónica con mi madre, de nombre Guadalupe Rodríguez Subiaur, informándole que ambas estábamos despedidas ‘por órdenes de arriba’, subiendo publicaciones en Facebook sé que fue María Fernanda ‘N’ porque fue de su perfil denunciándome de hechos falsos, que yo era una defraudadora subiendo fotos de mi domicilio y donde trabajaba (…) desconozco el domicilio de ella pero es amiga de ‘GPL’ Vega, quien tiene su domicilio en Ricardo Flores Magón número XXX, colonia Rancho Alegre”.
A Guadalupe y Paola Alessandra les exigen cubrir cantidades que aseguran no recibieron por tramitar plazas de trabajo en el ayuntamiento “situación que consideramos totalmente ilegal y una forma de extorsión”.
LOS PAGOS EN LA CUENTA BANCARIA DE “GPL” VEGA
Paola Alessandra Rodríguez presenta una prueba crucial: un mensaje que evidencia el depósito bancario que los solicitantes de trabajo le hicieron a “GPL” Vega, no a ella.
“Tuvimos conocimiento de una transferencia bancaria realizada el 10 de marzo de 2026 por la cantidad de mil 100 pesos”, agrega en la denuncia.
El mensaje fue enviado vía Whatsapp al número telefónico XXXXX6398, “advirtiéndose que la cuenta receptora correspondía a la ‘GPL’ Vega”.
Se trata de una cuenta del Banco Santander. En ella, “GPL” Vega recibió por lo menos otro depósito de mil 400 pesos. Las copias de ambos bouchers se anexaron a la denuncia ante la Fiscalía.
Paola Alessandra conmina a la Fiscalía de Distrito a requerir evidencia bancaria, rastreo de operaciones y análisis de los comprobantes respectivos.
EL COMUNICADO OFICIAL Y LA EMBESTIDA DE LA PRENSA
Pedro Miguel Rosaldo recibió a los defraudados, escuchó su queja y reiteró “cero tolerancia” a actos fuera de norma, según el comunicado oficial. El 12 de mayo, vía la cuenta del ayuntamiento de Coatzacoalcos en Facebook, reveló el despido de Paola Alessandra Jiménez Rodríguez y su madre, Guadalupe Rodríguez Subiaur. Así, con sus nombres íntegros, sin pesquisa judicial ni sentencia de un juez.
No las separó de los cargos ni las sometió a investigación. Las despidió y después instruyó a la Contraloría municipal a iniciar la investigación, según refiere el comunicado oficial.
Luego, en conferencia de prensa, soltó su frase solemne: “No voy a tolerar burradas de nadie”.
A la sentencia del alcalde siguió la embestida de la prensa obradorista, replicando el comunicado oficial. Y de ahí, la andanada en redes sociales, exhibiendo rostros y nombres, sin matizar, sin colocar bandas negras sobre los ojos, sin difuminar su imagen, al igual que imágenes de su domicilio.
LA FISCALÍA RECHAZA DENUNCIAS CONTRA EL ALCALDE PEDRO MIGUEL
El 19 de mayo, Paola Alessandra Jiménez Rodríguez acudió a la Unidad Temprana de la Fiscalía de Distrito de Coatzacoalcos a presentar denuncia contra GPL Vega y María Fernanda “N” por las imputaciones de estafa y la difusión en prensa y redes sociales.
La denuncia incluía al alcalde Pedro Miguel Rosaldo por los señalamientos que realizó y contra el jefe de Recursos Humanos del ayuntamiento, Carlos Comesse Liévanos, por el despido violentando sus derechos laborales y el hostigamiento que recibió al revisarle de manera arbitraria su teléfono celular para revisar sus mensajes. Pero la Fiscalía se negó a recibir la denuncia.
Arguyó que “por instrucciones de arriba” no podían dar trámite a nada que incluyera el nombre del presidente municipal. La denuncia tuvo que ser modificada.
La impunidad no es huérfana. El fiscal regional, Braulio Salvador Conde Rivas, se exhibe con el alcalde Pedro Miguel Rosaldo en eventos deportivos. El último fue durante la final de futbol en que los Delfines de Coatzacoalcos se coronaron en la Liga TPD y lograron su ascenso a la Liga Premier.
Ya sin el nombre del alcalde, la denuncia tomó curso. La Fiscalía dio trámite y se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública medidas cautelares para dar protección a Paola Alessandra Jiménez y Guadalupe Rodríguez mediante rondines en torno a su hogar.
La Fiscalía también se apresta a realizar los exámenes psicológicos a las denunciantes, quienes señalan haber sido objeto de asedio y campaña negra.
PROGRAMA VERACRUZANA PROTEGIDA DA COBIJO A GUADALUPE Y SU HIJA
Mientras el alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, procedió contra ambas mujeres, el Poder Judicial de Veracruz le dio cobijo bajo el programa Veracruzana Protegida.
El 25 de mayo, Paola Alessandra Jiménez solicitó al juez de Primera Instancia de Competencia Mixta medidas de protección al incrementarse el asedio.
“Me están acosando, ya tengo una denuncia, pero ya es mucho”, refiere el documento.
Ese día, el juez de Procedimiento y Procedimiento Penal Oral, Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, cursó la solicitud de órdenes de protección con número de folio OMJ-01916/2026 al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Alfonso Reyes Garcés.
El oficio que Reyes Garcés remite a Paola Alessandra Jiménez establece las medidas de protección a fin de que un sujeto de nombre Ángel Gustavo Castro Aragón no se acerque a ella ni a su domicilio.
Lo que inició con un despido por estafa con plazas laborales, derivó en un conflicto legal por amenazas, acoso, intimidación y campaña negra.
Pedro Miguel las embistió y ellas llevaron su caso a la instancia judicial.