Coatzacoalcos, Ver.— La modernidad prometida terminó en jornada de 20 horas; Norma Rocío Nahle presume transporte, pero sus choferes huyen; Juan Enrique Santos manda sin freno y sin derechos; Quetzalli, sin patios ni baños, exhibe su precariedad; y el usuario, otra vez, queda a la deriva.
El conflicto laboral en la línea de autobuses Quetzalli emergió al cierre del periodo vacacional de Semana Santa, cuando una parte significativa de los operadores decidió detener actividades. La protesta se articula en torno a jornadas extendidas, condiciones consideradas riesgosas y la ausencia de garantías mínimas para el desempeño del trabajo.
Los conductores denuncian que, además de los horarios excesivos, enfrentan trato inadecuado por parte de la administración encabezada por Juan Enrique Santos Mendoza. A ello se suma la incertidumbre contractual, pues aseguran no estar formalmente reconocidos por la empresa para la que operan, lo que diluye responsabilidades laborales y limita cualquier exigencia legal.
El proyecto de movilidad, vinculado políticamente a la gobernadora Norma Rocío Nahle García, evidencia problemas estructurales. La operación carece de infraestructura propia: no dispone de terminales, espacios de resguardo ni servicios básicos para el personal. Las unidades son estacionadas en zonas comerciales, lo que subraya la improvisación logística.
Más allá del conflicto inmediato, la situación abre cuestionamientos sobre la viabilidad del modelo implementado. La falta de planeación y supervisión no solo impacta a los trabajadores, sino que introduce riesgos para usuarios y terceros en la vía pública, en un contexto donde la seguridad del transporte público ya enfrenta una presión constante.