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Ciudad de México.– La lista negra se abre. Un tribunal federal ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) retirar a Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de su “Lista de Personas Bloqueadas”. El fallo ocurre pese a que la pareja sigue prófuga, con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero por casi tres mil millones de pesos.
Una decisión que borra huellas
La resolución, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ratifica un amparo previo que permitió a la pareja recuperar el control de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Además, el tribunal declaró infundado el recurso de revisión presentado por la UIF, cerrando cualquier intento de mantener las restricciones financieras.
Los magistrados argumentaron que la UIF violó el principio de seguridad jurídica al bloquear los activos de la pareja sin un sustento legal claro, pues la acción no estaba ligada a un acuerdo internacional, sino a una decisión interna. En otras palabras, el congelamiento de cuentas carecía de una base legal firme dentro de un procedimiento judicial o administrativo.
Un fallo que abre interrogantes
La UIF había argumentado que el bloqueo era una medida precautoria derivada de investigaciones en curso. Sin embargo, el tribunal señaló que la autoridad no justificó adecuadamente su decisión ni cumplió con los requisitos legales de fundamentación y motivación.
En el fondo, la decisión permite a la pareja recuperar sus recursos mientras siguen evadiendo la justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) los sigue buscando, pero el desbloqueo de cuentas abre una rendija que podría facilitarles el acceso a fondos para continuar ocultos.
Mientras tanto, el caso sigue acumulando carpetas: a la denuncia por lavado de dinero y crimen organizado se suman acusaciones de violencia intrafamiliar y la demanda de una excuñada para que se emita una Alerta Amber por sus hijos.
El tribunal decidió. Ahora, la UIF y la FGR enfrentan una pregunta incómoda: ¿cómo detener a quienes el sistema legal parece proteger?