Ciudad de México.- Organizaciones de la sociedad civil mexicanas advierten que las reformas aprobadas apresuradamente por Morena en el Congreso, vinculadas a la Guardia Nacional y telecomunicaciones, son una amenaza para los derechos humanos y la libertad de expresión, solicitando un alto en su implementación debido a los riesgos de espionaje y militarización.
Organizaciones civiles en México han alzado la voz en contra de las recientes reformas legislativas aprobadas por Morena y sus aliados en ambas cámaras, las cuales consideran ponen en riesgo la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. El llamado, lanzado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, exhorta a los legisladores a frenar dichas reformas.
Según el comunicado, las modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Ley General de Población, fueron aprobadas sin un adecuado proceso de discusión pública y en total opacidad. Las organizaciones destacan que tales reformas otorgan una amplia capacidad a entidades militares e inteligencia para recolectar y utilizar información personal sin mecanismos adecuados de control y supervisión.
De acuerdo con las agrupaciones, estas reformas son alarmantes en un país que ya ha documentado el uso ilegal de programas de espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas. Eliminando la necesidad de autorización judicial para la recolección de datos de telecomunicaciones y permitiendo la geolocalización en tiempo real sin supervisión, las reformas amplían el margen para la vigilancia masiva y arbitraria.
Ante este panorama, el Espacio OSC pide un alto inmediato en la implementación de estas reformas y un debate público sobre sus implicaciones. Las organizaciones recalcan que cualquier medida de seguridad e inteligencia debe adherirse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y control democrático conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, enfatizando que la seguridad no debe comprometer las libertades fundamentales.