Ciudad de México.– La alerta sonó desde un rincón incómodo para el poder: Opinión 51, una plataforma integrada por mujeres periodistas y columnistas, salió al paso de lo que considera un nuevo capítulo en el hostigamiento institucional contra voces críticas. Esta vez, el blanco fue el columnista Héctor de Mauleón y el diario EL UNIVERSAL, inscritos en el registro de personas sancionadas por violencia política de género tras un fallo del Instituto Electoral de Tamaulipas. La sanción, de cuatro años, ha levantado una tormenta entre defensores de la libertad de expresión.
“El uso de mecanismos institucionales para intimidar, sancionar y condicionar a periodistas, columnistas y ciudadanas que ejercen su derecho a opinar y cuestionar al poder es cada vez más frecuente”, advirtió Opinión 51 en un comunicado que no busca suavizar ni disfrazar el fondo del mensaje: esto huele a censura.
Los casos se acumulan. La columnista Laura Brugés fue notificada por el INE con una posible sanción si no revela sus fuentes periodísticas. Laisha Wilkins fue requerida por emitir una crítica en redes contra una excandidata a ministra de la Suprema Corte. En Sonora, la ciudadana Karla Estrella fue sancionada por cuestionar a una diputada local; en Campeche, el periodista Jorge González fue penalizado por publicar textos de autores anónimos que temen represalias. La periodista Denisse Dresser también fue blanco de una denuncia por violencia política de género promovida por la diputada Andrea Chávez, aunque finalmente ganó el litigio. El mensaje quedó grabado: es posible usar la ley para silenciar.
Contra esta tendencia, Opinión 51 ha levantado una bandera digital con el hashtag #AsíSeVeLaCensura, acompañado de retratos de sus integrantes y una postura inquebrantable: “Reprobamos y rechazamos energéticamente estas acciones que buscan silenciar voces críticas, castigar la disidencia y debilitar el periodismo libre. Cuando opinar se convierte en riesgo legal, la democracia tambalea”.
La organización señala que el caso de De Mauleón marca un nuevo intento de distorsionar el marco legal diseñado para proteger los derechos político-electorales de las mujeres, y convertirlo en arma contra periodistas. “Esta decisión, basada en una interpretación extrema de la norma, representaría un nuevo intento de censurar opiniones periodísticas bajo el disfraz de justicia de género”, sostienen.
La línea final de su pronunciamiento resuena como un acto de resistencia: “Defenderemos siempre el derecho a cuestionar, señalar y pensar en libertad”.