A pesar de las evidencias, Guadalupe Taddei no parecía tener intención de renunciar. Este sábado anunció relevos en áreas de alta responsabilidad y dijo “yo no me voy”. De hecho, aun cuando la Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio por uso indebido de recursos y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda indaga una red de siete empresas proveedoras ligadas a Hernández Casillas, la defensa de Taddei atribuye todo a un “golpeteo político”.
El caso del INE no sucede en el vacío. Ocurre en un país donde la excepción se volvió regla en las compras públicas. La ley establece que el gobierno debe comprar por licitación pública y solo excepcionalmente por adjudicación directa, pero la realidad es otra.
Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, el porcentaje del monto federal asignado de forma directa pasó del 30% en 2017 al 35% en 2018, al 39% en 2019 y al 43% en 2020, el nivel más alto registrado y la primera vez que lo adjudicado directamente superó a lo licitado. Para 2025, ya con la nueva plataforma ComprasMX, el IMCO calculó que dos de cada cinco pesos se siguen asignando sin concurso.
Lo peor es que se desmontaron las herramientas que permitían a la ciudadanía revisar ese gasto. Con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, la tarea de vigilar el dinero público se transfirió a un órgano dependiente del Ejecutivo. Esto quiere decir que si el gobierno roba, lo debe reportar el propio gobierno. El chiste (opaco y carísimo) se cuenta solo.
Hoy, buena parte de lo que sabemos del caso Taddei proviene del periodismo de investigación, no de los contrapesos institucionales. Esa es la señal de alarma. Por eso el escándalo del INE debiera servir para algo más que un relevo. México necesita reducir las excepciones legales a la licitación, publicar a tiempo los contratos y sus justificaciones, verificar a los beneficiarios reales de las empresas y devolver a un órgano autónomo la tarea de garantizar el acceso a la información.
Por otro lado, es triste que la primera mujer en llegar a un cargo tan importante esté en medio de un escándalo así. Flaco favor nos hace a quienes hemos luchado por décadas para abrir espacios sin sesgos de género para todas. Y es que una mujer puede ser amiga de quien quiera, pero no debe asignar contratos de esta manera. Una funcionaria pública debe ser impecable y cuidar siempre la ausencia de conflictos de interés.
El árbitro electoral solo funciona si no tiene favoritos. Claramente el INE actual los tiene para otorgar contratos millonarios. Todo indica que lamentablemente tiene también afinidad política con unos y desprecio por otros. Así las cosas a pocos meses de arrancar el proceso electoral 2027 en este México que se ha quedado casi sin contrapesos.
@PaolaRojas
EL UNIVERSAL