Ciudad de México.– El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de traicionar la promesa de justicia hecha a las familias de 54 personas desaparecidas forzadamente en 2018, en hechos atribuidos a la Secretaría de Marina.
Según el CDHNL, 52 desapariciones se cometieron durante operativos ejecutados por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina, entre enero y mayo de ese año, cuando dicha corporación operaba bajo el mando del almirante Marco Antonio Ortega Siu. Las otras dos ocurrieron en diciembre. Ninguno de los responsables ha sido sentenciado.
A seis años de los hechos, las familias siguen sin respuestas ni justicia.
“Se acabó el sexenio y seguimos sin encontrarlos”, reclamó Ericka Arredondo, madre de Julio César Viramontes Arredondo, desaparecido el 18 de febrero de 2018. “Nos dijeron que habría castigo, pero todo fue una mentira”.
En conferencia de prensa, el presidente del Comité, Raymundo Ramos Vázquez, denunció que ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Secretaría de Gobernación (Segob), ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) han dado seguimiento al caso, pese a reiteradas solicitudes formales.
“Las instituciones están colapsadas o son cómplices por omisión”, sentenció Ramos.
El activista detalló que la FGR no ha logrado imputar cargos firmes contra 24 marinos señalados, quienes fueron liberados por falta de pruebas. La CNDH excluyó a más de 20 víctimas de su recomendación 36VG/2020 “para no evidenciar que se trató de un operativo de Estado”, y la CEAV lleva cinco años sin otorgar una sola reparación integral.
Ramos exigió la renuncia de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, por ineficiencia e indiferencia ante la gravedad del caso, y reprochó las declaraciones negacionistas de la exsecretaria de Gobernación Luisa María Alcalde y del senador Gerardo Fernández Noroña, quienes han minimizado las desapariciones y desacreditado al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU.
El Comité recordó que el CED documentó las desapariciones en tiempo real en 2018, y emitió varias Acciones Urgentes dirigidas al Estado mexicano, sin que hayan sido atendidas.
De las 54 víctimas, 19 fueron localizadas sin vida por sus propios familiares —tres eran menores y dos mujeres—, mientras que 32 personas siguen desaparecidas, entre ellas, tres mujeres y dos menores de edad.
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), dependiente de la FGR, no ha logrado esclarecer ni un solo caso.