Eso me dijo Daniel Arizmendi, el Mochaorejas, cuando lo entrevisté en Puente Grande en marzo de 2015. Le preguntaba por qué había reconocido sus delitos ante el juez. Respondió que le habría dado pena mirarlo a los ojos y mentirle.
El hombre que había secuestrado, mutilado y ordenado matar personas me hablaba de honor. Pero lo que más me inquieta al recordar aquella conversación es la naturalidad con la que describía su relación con quienes debían perseguirlo.
Daniel había sido policía judicial. Conocía los procedimientos, las formas de investigar y las ventajas de una identificación oficial. Mientras me explicaba cómo planeaba los secuestros, le dije: “Tú pensabas como policía”. Me respondió: “Pensaba, precisamente, como policía”.
En esa misma conversación habló de Aurelio, su hermano. Según Daniel, unos comandantes se quedaban con el sueldo de Aurelio a cambio de permitirle conservar la “charola”: la identificación policial que podía mostrar para circular armado y evitar que otros agentes lo detuvieran.
Lo que debía identificar a una autoridad se convertía en una herramienta para el delincuente. Y había comandantes dispuestos a cobrar por permitirlo.
También entrevisté a Aurelio Arizmendi, el hermano de Daniel. Me relató que, después de ser detenido por robo de vehículos, consiguió su libertad entregando dos camionetas: una para el abogado de oficio y otra para el juez. Su siguiente frase resume el daño que puede causar una autoridad corrupta: “Al día siguiente de salir de prisión, volví a robar carros”.
Pienso en la siguiente víctima. En la persona que se encontró con Aurelio después de aquel acuerdo. No sabía quién había cobrado, quién lo había dejado salir ni cómo se había negociado su libertad. Pero le tocó sufrir las consecuencias.
Ahí está lo que seguimos sin querer entender: cuando una autoridad vende su responsabilidad, deja a otras personas a merced de quienes les hacen daño.
Han pasado veintiocho años desde la captura del Mochaorejas. Los nombres de autoridades investigadas, procesadas o condenadas por corrupción y vínculos criminales siguen apareciendo.
Mario Villanueva. Alberto Pliego Fuentes, el “Superpolicía” celebrado por capturar al Mochaorejas y después detenido por presunta protección a narcotraficantes. Genaro García Luna, condenado por colaborar con el Cártel de Sinaloa. José Luis Abarca. Édgar Veytia. Iván Reyes Arzate. Hugo Amed Schultz, condenado como auxiliador del asesinato de la periodista Miroslava Breach. Luis Cárdenas Palomino. Hernán Bermúdez Requena. Los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Rubén Rocha Moya. Diego Rivera Navarro.
También están los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y Tomás Yarrington, de Tamaulipas, condenados por lavado de dinero. Los delitos y las responsabilidades de cada caso son distintos. La obligación de responder por el poder recibido tendría que ser la misma.
La lista atraviesa partidos y gobiernos. Ninguno puede tratar esta crisis como un problema ajeno ni usarla solamente para señalar a sus adversarios. Es una crisis nacional que se prolonga mientras las víctimas se acumulan. El caso del Mochaorejas nos recuerda que conocemos estas complicidades desde hace décadas. ¿Cuánto tiempo más necesitan las autoridades para reconocer su profundidad y desmantelar las redes que las sostienen?
En 2008, después del secuestro y asesinato de su hijo Fernando, Alejandro Martí les dijo a las autoridades: “Si no pueden, renuncien”. Entre los funcionarios presentes estaba Genaro García Luna.
Dieciocho años después, una renuncia resulta insuficiente frente a semejante traición. Quien cobra por proteger a un criminal debe responder por sus actos ante la justicia. También deben investigarse las redes que le permitieron hacerlo y las denuncias que fueron ignoradas.
Por eso me indigna que sigamos hablando de corrupción como si su costo pudiera medirse solamente en dinero. Claro que importa el dinero robado: el que deja de llegar a hospitales, escuelas y familias. Pero cuando la corrupción protege al crimen, su costo también se cuenta en vidas.
Son hombres y mujeres desaparecidos. Son las orejas y los dedos que los secuestradores enviaban a las familias y los cuerpos mutilados que seguimos encontrando hoy. Son jóvenes atrapados entre las adicciones y el reclutamiento criminal. Son niños asesinados. Son policías que salen a cumplir su deber y no regresan a casa. Son madres que buscan a sus hijos y padres que tienen que enterrarlos.
Me cuesta imaginar una traición peor que la de un uniformado o una autoridad elegida por el pueblo que pone su poder al servicio de quienes lo aterrorizan. Cada acuerdo de protección puede permitir otra extorsión, otro secuestro, otro asesinato.
La corrupción se cobra en dinero. Sus consecuencias pueden cobrarse una vida. Y ninguna familia debería seguir pagando lo que una autoridad decidió vender.
Presidenta de Reinserta
EL UNIVERSAL