Ciudad de México.— La reforma al Código Penal de Puebla que tipifica el delito de ciberasedio generó preocupación entre organismos internacionales por su posible uso como mecanismo de censura. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la norma, ya en vigor, podría utilizarse para perseguir opiniones críticas, limitar la libertad de expresión en entornos digitales y castigar el disenso.
La legislación, aprobada por el Congreso local y respaldada por el gobierno estatal, establece penas de hasta tres años de prisión para quienes, a través de redes sociales, correo electrónico u otros medios digitales, “ofendan, injurien o vejen” a otra persona de forma insistente y con presunta intención de causar daño. El texto legal no aclara mecanismos de defensa ni criterios que eviten su uso discrecional.
“Esta iniciativa puede borrar del espacio público información incómoda, dañando la memoria colectiva y la rendición de cuentas”, advirtió José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, con sede en Miami.
Además del castigo penal, la reforma permite que plataformas digitales y empresas eliminen contenidos por simple solicitud de parte interesada, sin necesidad de orden judicial ni revisión independiente. Para la SIP, esto configura una vía rápida para censurar testimonios, denuncias ciudadanas e incluso investigaciones periodísticas.
Una ley sin contrapesos
Aunque el gobernador Alejandro Armenta, del partido Morena, aseguró que se abrirán foros para revisar la norma, no existe ningún compromiso para modificarla o suspender su aplicación. La presidenta del Congreso estatal, Laura Artemisa, también de Morena, cerró la puerta a cualquier derogación, dejando en firme una reforma que especialistas y organizaciones ven como regresiva.
El contexto no es menor. México cerró 2024 como el país con más periodistas asesinados en América Latina, con cinco casos documentados, y sigue considerado como uno de los diez más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Desde la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, su presidenta, Martha Ramos, advirtió que la reforma institucionaliza una forma de censura “por encargo”, que se impone sin debate público, sin transparencia y sin garantías de defensa.
Organizaciones de la sociedad civil han comenzado a documentar posibles usos punitivos de la nueva figura penal, pero hasta ahora, ningún actor del Congreso local ha respondido a las solicitudes de revisión del texto ni a las advertencias sobre su impacto en derechos fundamentales.