Xalapa, Ver.- Interpol ha emitido una ficha roja contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa y antiguo vocero de La Luz del Mundo, por su presunta participación en un red de delincuencia organizada vinculada al abuso de menores, sumándose a la lista de buscados judicialmente junto al ya condenado Naasón Joaquín García.
Acusado en Estados Unidos de pertenecer a una red delictiva, los cargos se centran en trata, explotación sexual y abuso de menores, conectados con el infame líder religioso Naasón Joaquín García. Esta medida convierte a García Peña en un prófugo internacional, otorgando a las fuerzas de seguridad de 196 países la facultad de localizarlo y proceder a su detención con fines de extradición.
El caso ha tomado un giro relevante con la nueva acusación presentada el pasado 10 de septiembre por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que extiende su investigación a líderes y colaboradores de la congregación. Según la fiscalía, el exregidor habría usado su influencia como vocero para intimidar a víctimas, destruir evidencia y entorpecer los procesos contra Naasón Joaquín, quien cumple condena en California. Las autoridades estadounidenses afirman que García Peña formaba parte de un entramado de protección que blindaba al líder religioso, sofocando denuncias cruzadas entre México y Estados Unidos.
En su currículum, García Peña figura como regidor de Xalapa entre 2014 y 2017, durante la gestión del exalcalde Américo Zúñiga Martínez. Su paso como vocero de La Luz del Mundo le otorgó notoriedad en escenarios políticos y mediáticos tanto nacionales como internacionales, hasta que la sombra de los escándalos judiciales oscurecieron su trayectoria pública. Actualmente, aunque su paradero es incierto, fuentes apuntan a que podría encontrarse fuera de México, lo que mantiene en alerta a las autoridades.
La emisión de la ficha roja, una de las alertas más severas de Interpol, obliga a las policías de los países miembros a actuar ante cualquier movimiento de García Peña. Sin embargo, en México no existe aún una orden de captura formal en su contra, lo que suscita interrogantes sobre el papel de la Fiscalía General de la República y la colaboración en el proceso internacional. El clamor de víctimas y organizaciones civiles es que se agilicen los procedimientos para evitar la impunidad y garantizar justicia a quienes han sufrido los estragos de los delitos imputados.