Ciudad de México.– Un total de 26 aspirantes a cargos judiciales en el proceso extraordinario 2024-2025 podrían quedar fuera de la contienda, tras una impugnación presentada por los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, quienes alegan que estas personas no cumplen con los requisitos éticos y legales establecidos en la Constitución. Entre los señalamientos destacan carpetas de investigación abiertas, órdenes de aprehensión y vínculos con el crimen organizado.
La denuncia no solo expone la gravedad de los antecedentes de algunos postulantes, sino que también evidencia una omisión por parte del Congreso dominado por Morena y del Ejecutivo federal, quienes fueron los responsables de filtrar y validar los perfiles de jueces y magistrados antes de que fueran sometidos a votación ciudadana. La falta de control en el proceso de selección ha encendido alarmas sobre la calidad y legitimidad de los candidatos que podrían integrar el nuevo aparato judicial.
Entre los aspirantes señalados figuran jueces y magistrados en funciones que han sido acusados de delitos graves, como abuso sexual, desaparición forzada, delincuencia organizada y peculado, así como de haber liberado de manera indebida a personas vinculadas al narcotráfico. También se documenta que algunos han fungido como defensores legales de líderes criminales, lo que podría comprometer su imparcialidad.
“La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos constitucionales”, advirtió Gutiérrez Luna. “Permitir estos registros debilita el proceso de reforma judicial y la confianza en quienes estarán encargados de impartir justicia”.
Además de los antecedentes penales, ocho de las 26 candidaturas incumplen con el promedio mínimo de 8.0 en sus estudios de licenciatura, establecido como requisito para los cargos judiciales. Se han detectado calificaciones que oscilan entre 7.0 y 7.93. Aunque parezca un tecnicismo, el bajo rendimiento académico pone en duda la preparación y solidez jurídica de los aspirantes.
“El criterio académico no es un formalismo, sino una garantía mínima de calidad profesional”, añadió Gutiérrez Luna.
El reclamo ante el Instituto Nacional Electoral (INE) busca que estos registros sean cancelados para preservar la integridad del sistema judicial, pero también pone en el centro del debate el papel de Morena como promotor y garante del proceso. La omisión del oficialismo para vetar candidaturas con señales de alerta cuestiona el compromiso real del Gobierno con una justicia independiente y confiable.
Los nombres que aparecen en la impugnación son, en varios casos, conocidos dentro del sistema judicial: Fernando Escamilla Villarreal, Jesús Humberto Padilla Briones, Diana Monserrat Partida, Francisco Herrera Franco, Francisco Martín Hernández Zaragoza y Andrés Montoya Gancia, todos ellos vinculados a delitos o prácticas que comprometen su independencia.
Con esta impugnación, el proceso electoral judicial —presentado por Morena como una vía para democratizar la justicia— se tambalea en sus propios cimientos, dejando al descubierto fallas de origen que pueden terminar por desacreditar el modelo mismo de elección popular para cargos del Poder Judicial.