* Embistió al alcalde de Nanchital y le salió el tiro por la culata; develó que el círculo morenista quiere ser fifí; alcaldesa de Poza Rica y sus 120 mil pesos al mes
Coatzacoalcos, Ver.- A Rocío Nahle, como a los malos cazadores, el tiro le salió por la culata.
Quiso embestir al alcalde de Nanchital, el emecista José Luis Pérez Salinas, acusándolo de ganar más que ella y amenazando con mover al Órgano de Fiscalización Superior a que revise el gasto corriente, y activó, sin proponérselo, un escándalo de salarios desmedidos entre la élite de Morena.
Su procurador de Medio Ambiente, Ángel Carrizales, es uno; la subprocuradora Ana Desiree Gilabert Viades, es otra. Y el caso más grotesco es el de la alcaldesa de Poza Rica, Adanely Rodríguez, a quien se le detectó un sueldo mensual neto de 120 mil pesos, que luego tuvo que disminuir.
La ofensiva política de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, contra alcaldes de oposición terminó por abrir un flanco incómodo dentro de su propio círculo político.
Lo que pretendía ser una exhibición pública contra el presidente municipal de Nanchital, José Luis Pérez Salinas, derivó en cuestionamientos sobre los salarios de funcionarios vinculados a Morena y sobre la consistencia del discurso de austeridad del nuevo gobierno estatal.
PEREZ SALINAS REDUJO 10 MIL PESOS RESPECTO A LO QUE COBRABA LA COMADRE DE NAHLE
En conferencia de prensa, el 20 de abril, en Xalapa, Nahle arremetió contra el alcalde emanado de Movimiento Ciudadano por las percepciones salariales en el ayuntamiento. Sin embargo, Pérez Salinas respondió con cifras que buscaban desmontar la acusación: desde el inicio de su administración se redujo el sueldo en alrededor de 10 mil pesos mensuales respecto a lo que percibía la ex alcaldesa Esmeralda Mora Zamudio, emanada políticamente con Morena y cercana a la gobernadora, de quien fue candidata a diputada federal suplente del Partido de la Revolución Democrática, en 2012, año en que ambas perdieron la elección.
LA ALCALDESA MORENISTA DE POZA RICA, 120 MIL PESOS AL MES
La discusión tomó otro rumbo cuando, durante esa misma comparecencia, un reportero de La Silla Rota recordó que la alcaldesa morenista de Poza Rica, Adanely Rodríguez, mantenía una percepción mensual cercana a los 120 mil pesos. La observación dejó a la mandataria estatal helada, descompuesta, sin margen para sostener el señalamiento exclusivamente contra Movimiento Ciudadano. La única respuesta de Nahle fue admitir que el salario de su correligionaria “estaba mal”.
Peor aún. La síndica de Poza Rica, Reina Juárez Avilés, también de Morena, tenía asignado un salario de 159 mil 619 pesos brutos y 116 mil 592 pesos netos. Y los 12 regidores estuvieron percibiendo un sueldo de 110 mil 921 pesos libres cada uno. O sea, casi 30 mil pesos más que la gobernadora Rocío Nahle.
Días después, a toro pasado, la alcaldesa de Poza Rica anunció un ajuste salarial.
El episodio alimentó la narrativa de selectividad política en la aplicación del discurso de austeridad de la gobernadora Nahle y evidenció tensiones internas dentro de Morena, donde las decisiones administrativas de algunos gobiernos municipales comenzaron a convertirse en un problema para el Ejecutivo estatal.
EL GROTESCO CASO DEL PROCURADOR DE MEDIO AMBIENTE
El caso no quedó ahí. La organización ambientalista Earth Mission detonó otro escándalo. Al procurador de Medio Ambiente, Ángel Carrizales López, la Cuarta Transformación lo está transformando en rico.
Reveló el contenido del Excel de la nómina de la PMA en la que aparecen los salarios de procurador Carrizales López con un ingreso neto mensual de 95 mil 384 pesos, superior incluso a los 84 mil 750 pesos reportados para la gobernadora de Veracruz.
La subprocuradora, Desiree Gilabert Viades, aparece con el mismo salario que su superior.
Casi un mes después, el 18 de mayo, la gobernadora Rocío Nahle García intentó apagar el fuego. Negó las acusaciones con un dicho: le pidió al procurador de Medio Ambiente, Ángel Carrizales, que le enviara su recibo de nómina y con ello constató que no percibe lo que afirma la organización Earth Mission. Pero no exhibió la supuesta evidencia.
El señalamiento volvió a colocar bajo presión al Gobierno estatal, particularmente por tratarse de un funcionario cercano a Nahle y constantemente cuestionado por organizaciones ambientales y sectores de oposición.
La controversia terminó por exhibir una contradicción central en el discurso político de la nueva administración veracruzana: mientras la gobernadora intentaba convertir los salarios municipales en un tema de confrontación contra alcaldes opositores, las críticas comenzaron a concentrarse en funcionarios de su propio entorno político.
Lo que inició como una embestida contra el alcalde de Nanchital acabó revelando fisuras internas, disputas por el control de la narrativa pública y cuestionamientos sobre la congruencia de la austeridad proclamada desde Palacio de Gobierno.
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