Ciudad de México – Han pasado 11 años desde que Gregorio Jiménez de la Cruz fue secuestrado y asesinado en Veracruz, y su caso sigue sin resolverse. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo ha recordado esta semana como un ejemplo del ciclo de impunidad que persiste en los crímenes contra periodistas en México.
En un comunicado, el organismo alertó sobre los efectos de esta falta de justicia: “La impunidad puede derivar en autocensura, afecta el derecho de la sociedad a recibir información y pone en riesgo la libertad de expresión”. La afirmación no es casual: Veracruz es el estado más letal para el periodismo en México y el país sigue figurando entre los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.
Un asesinato brutal y sin justicia
El 5 de febrero de 2014, Jiménez de la Cruz, reportero policial de los diarios Notisur y Liberal del Sur, dejó a sus hijos en la escuela y regresó a su casa en Villa Allende, Coatzacoalcos. No tuvo tiempo de reaccionar: cinco hombres armados y encapuchados irrumpieron en su hogar, lo amenazaron con un cuchillo y una pistola, lo esposaron y lo subieron a una camioneta. Sus hijas, aterradas, fueron testigos del secuestro.
Seis días después, su cuerpo decapitado, con signos de tortura y mutilación fue encontrado en una fosa clandestina al sur de Veracruz, junto con los cadáveres de un dirigente sindical y un taxista.
Las autoridades locales intentaron minimizar el caso. El gobierno de Veracruz argumentó que se trataba de una venganza personal, desligando el crimen de su labor periodística. Sin embargo, organismos internacionales y asociaciones de prensa han señalado múltiples irregularidades en la investigación.
Una justicia fragmentada
A lo largo de los años, se ha detenido a varios sospechosos, pero el proceso judicial ha sido errático y lento. Entre los implicados figuran Teresa Hernández Cruz, propietaria de un bar que presuntamente ordenó el asesinato, y José Luis Márquez, alias “El Pony”, jefe de una célula criminal. En 2023, la Fiscalía General de la República acusó a José Luis Cházaro Ramírez como coautor del crimen.
Pero hasta septiembre de 2024, ninguno de los sospechosos había sido sentenciado y ni siquiera se había fijado fecha de juicio. El caso sigue en tribunales, atrapado en la maraña burocrática y el colapso del sistema judicial mexicano.
México, un país peligroso para informar
El asesinato de Gregorio Jiménez es solo uno de tantos en una lista cada vez más larga. Según datos de la SIP, entre 2010 y 2016, al menos 17 periodistas fueron asesinados en Veracruz y otros tres permanecen desaparecidos.
En un contexto de violencia extrema y connivencia entre el crimen organizado y autoridades locales, la libertad de prensa en México está en jaque. Los reporteros que cubren temas de seguridad y narcotráfico son blanco de amenazas constantes, y muchos optan por el exilio o la autocensura como única forma de supervivencia.
Carlos Jornet, vicepresidente segundo de la SIP, ha sido contundente: “Es imperioso quebrar el ciclo de impunidad que rodea a estos casos. Sin justicia, el libre flujo informativo se asfixia y la democracia se deteriora”.