Ciudad de México – El exsenador y exsubsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth, ha presentado una denuncia ante la Contraloría de la Presidencia de la República contra el exministro Arturo Zaldívar, a quien acusa de haber incurrido en un conflicto de interés durante el proceso de selección judicial.
El recurso, dado a conocer por Gil Zuarth en sus redes sociales, sostiene que al menos 18 candidatos elegidos en el proceso de insaculación judicial fueron colaboradores cercanos de Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que, según el denunciante, evidencia una falta administrativa grave.
“Al menos 18 candidatos judiciales trabajaron directamente con quien luego presidió el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo”, escribió el exsenador en su cuenta de X.
Un proceso polémico
La denuncia surge después de que Gil Zuarth quedara fuera del proceso de selección, que fue realizado mediante tómbola. Esta metodología, promovida por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido cuestionada por distintos sectores políticos, que la consideran un mecanismo que resta transparencia y mérito en la designación de jueces y magistrados.
La controversia también ha generado reacciones dentro del oficialismo. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, calificó como “hipocresía del conservadurismo” la postulación de Gil Zuarth a la judicatura, subrayando que la decisión final debe recaer en la ciudadanía.
Zaldívar en el centro del debate
Zaldívar, quien presidió la SCJN entre 2019 y 2022, ha sido una figura clave en la transformación del Poder Judicial impulsada por la actual administración. Tras su salida del máximo tribunal, se sumó al equipo de Sheinbaum, lo que ha alimentado las críticas sobre su posible influencia en la nueva configuración del aparato judicial.
Por ahora, el Gobierno no ha respondido a la denuncia, mientras que Zaldívar tampoco ha emitido comentarios al respecto. La disputa refleja la creciente politización del Poder Judicial en el marco de la transición presidencial, en un momento en que la relación entre el Ejecutivo y la Corte se mantiene en tensión.