Coatzacoalcos, Ver. — Maribel Segura Agüeros ganó su demanda laboral contra la transnacional Wallmart pero más de un año después, sigue sin obtener justicia. La sentencia a su favor permanece sin ejecutarse en el Juzgado Laboral de Coatzacoalcos, donde una funcionaria judicial —denunciada por dilación procesal— se ha convertido, afirma, en el principal obstáculo.
Segura afirma que la secretaria instructora del juzgado, Ruth Islas Vistas, ha frenado deliberadamente la ejecución de una resolución firme contra Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V., empresa operadora de la cadena Bodega Aurrera en Minatitlán, pese a que ya no hay recursos legales pendientes.
El fallo, emitido el 21 de marzo de 2024 dentro del expediente 293/2022, obligaba a la compañía a reinstalarla en su puesto de trabajo o pagarle una indemnización constitucional, salarios caídos y otras prestaciones acumuladas. La empresa, que rechazó la reinstalación, presentó un juicio de amparo que finalmente fue desechado el 12 de junio de 2025 por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. No quedaban obstáculos legales.
Sin embargo, al intentar hacer valer la sentencia, Segura se topó con una barrera dentro del propio sistema judicial. El 25 de junio, según consta en el expediente, la funcionaria Ruth Islas certificó que ya se encontraba en autos la ejecutoria del juicio de amparo. Pero cinco días después, cuando la denunciante volvió al juzgado para solicitar formalmente la ejecución del fallo, recibió una respuesta que contradecía el acta anterior: “Me dijeron que no habían recibido nada. Es una contradicción evidente”, relata.
La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 838 que los jueces deben dictar acuerdos en un plazo máximo de 48 horas tras la presentación de una solicitud. “Desde el 30 de junio no han dictado nada. Estoy siendo víctima de una clara dilación procesal”, denuncia Segura Agüeros.
El caso ha encendido las alertas por un posible patrón de protección institucional a grandes corporaciones. Segura asegura haber tenido conocimiento de situaciones similares con empresas como Grupo Farrera, Vips y Domino’s, también acusadas de desacatar resoluciones laborales sin consecuencias efectivas.
“Uno gana en el papel, pero no en la práctica. ¿De qué sirve que el juez te dé la razón si desde dentro se frena todo?”, cuestiona la trabajadora.
La denunciante ha solicitado formalmente la intervención de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, con el objetivo de que se investigue el desempeño de la funcionaria judicial. Asegura que no se trata de un hecho aislado, sino de una conducta reiterada de obstrucción procesal.
El caso evidencia una fractura estructural en el acceso a la justicia laboral en México, donde incluso después de agotar los recursos legales, los trabajadores enfrentan un sistema que parece operar con una doble lógica: una para los ciudadanos comunes y otra, mucho más complaciente, para las grandes empresas.