Oaxaca, Oax.- La censura no siempre llega con uniforme o bayoneta. A veces viste de burocracia y firma papeles sin número ni asunto.
En Huajuapan de León, Oaxaca, la Vicefiscalía Regional dictó una insólita orden contra el periodista Alejandro López López, director del portal Nuevo Siglo Noticias: no podrá publicar absolutamente nada relacionado con la encargada del Registro Civil en Asunción Nochixtlán. Tampoco podrá acercarse a ella, ni enviar mensajes, ni replicar comentarios en redes. El silencio como medida cautelar.
La instrucción provino de la agente del Ministerio Público, Nelly de Jesús González Sanjuan, luego de que la funcionaria R. M. J. L. denunciara al comunicador por “violencia de género” y “discriminación”.
Todo empezó por una denuncia ciudadana. En el portal Nuevo Siglo Noticias se reprodujo un señalamiento público contra la funcionaria del Registro Civil, acusada de cobrar 3 mil 500 pesos por agilizar la actualización de una CURP. Un trámite que, por ley, es gratuito. La nota no fue exclusiva del medio: también circuló en redes sociales y fue retomada por otras páginas informativas de la región Mixteca.
La publicación bastó para que se desatara la maquinaria judicial.
La Fiscalía ordenó medidas de protección en favor de la funcionaria: prohibición de contacto físico o digital, restricción de acercarse a su domicilio, oficina o lugar donde se encuentre. Y un llamado explícito a que López López se abstenga de mencionar su nombre o publicar cualquier contenido relacionado. Si desobedece, tendrá que pagar una multa equivalente a diez días de salario mínimo.
Pero no quedó ahí.
El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) se pronunció en defensa del periodista. Acusó un intento de censura institucional y una violación a la libertad de expresión. Informó que asumirá la defensa legal de Alejandro López y solicitó una reunión urgente con el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla.
“Lo que está en juego no es solo el derecho de un periodista a informar, sino el derecho de toda persona a conocer la actuación de sus funcionarios públicos”, afirmó el sindicato.
La organización sostuvo que la denuncia de la funcionaria tiene como origen la réplica de una acusación ciudadana difundida previamente por otros medios, y que Nuevo Siglo simplemente hizo eco del reclamo.
“Quieren censurar al mensajero por no poder desmentir el mensaje”, soltó uno de los comunicadores de la región.
La acción de la Fiscalía encendió las alarmas entre periodistas oaxaqueños, quienes ven en la medida una peligrosa fórmula para acallar la crítica desde el poder local: primero se denuncia por violencia de género, luego se impone silencio judicial sin proceso y finalmente se amenaza con sanción si se vuelve a hablar del tema.
El caso se suma a una cadena de acciones similares en el estado, donde reporteros y medios comunitarios enfrentan procesos legales por publicar denuncias ciudadanas, mientras que las investigaciones contra funcionarios rara vez prosperan.
En un comunicado, el SINMCO recordó que la libertad de expresión es un derecho constitucional y advirtió que la “coerción disfrazada de legalidad” no puede normalizarse.
“Urge que las autoridades de todos los niveles de gobierno dejen de usar el aparato de justicia como instrumento de censura”, sentenció.
Y mientras tanto, Alejandro López —acostumbrado a documentar abusos del poder— se enfrenta ahora a una paradoja: informar podría costarle caro. Callar, aún más.