Coatzacoalcos, Ver.- Una oleada de indignación se generó tras la aprehensión de Manuel “N”, un joven discapacitado a quien la Fiscalía Regional le imputa la autoría material del asesinato del comerciante Eduardo de Jesús Medina y dos personas más, en la congregación de Villa Allende.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz anunció la detención de un presunto implicado en el asesinato de tres personas en Villa Allende, una localidad de Coatzacoalcos, el pasado 6 de marzo. Sin embargo, la captura de Manuel “N” ha generado indignación entre la comunidad, donde lo identifican como una persona con discapacidad que se gana la vida realizando mandados.
El ataque, ocurrido en una zona céntrica de la localidad, dejó tres víctimas mortales: Eduardo de Jesús Medina, un comerciante conocido como “Lalo Robot” o “Robocop”; Elizabeth Domínguez Pucheta y Alfonso Guzmán Rojas. El crimen fue vinculado por la gobernadora Rocío Nahle con otro multihomicidio registrado días antes en un taller mecánico de Coatzacoalcos, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades para dar con los responsables.
Un arresto que desata controversia
La fiscalía informó que la detención de Manuel “N” se realizó tras un cateo autorizado por un juez en su domicilio en el centro de Villa Allende. Durante el operativo, también se aseguraron presuntas sustancias ilícitas. Sin embargo, tras el anuncio de su captura, vecinos y usuarios en redes sociales denunciaron que se trata de un error.
“Es un hombre con discapacidad mental que solo se dedica a hacer mandados para los vecinos”, señalaron habitantes de la zona. En redes sociales, los comentarios se multiplicaron:
🔹 “Mentirosos, agarraron a una persona inocente. Es mi hermano y en Allende todos lo conocen. Vayan y detengan a los verdaderos culpables.”
🔹 “¿Su pecado es ser discapacitado? No, no se vale. Lo tratan como si fuera el Chapo.”
🔹 “Ahora resulta que en Veracruz tener una discapacidad es sinónimo de ser sicario.”
El caso ha reavivado el debate sobre el uso de chivos expiatorios en las investigaciones penales del estado, así como la falta de garantías para personas en condición de vulnerabilidad dentro del sistema de justicia mexicano.
Por el momento, la fiscalía no ha respondido a las denuncias de la comunidad ni ha aclarado si considera la posibilidad de un error en la detención.