Ciudad de México.- La solicitud de México a Estados Unidos para que presente pruebas contundentes sobre la presunta vinculación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con un cártel es vista por expertos como un posible obstáculo que podría desencadenar una crisis diplomática.
Analistas destacan que, según el Tratado de Extradición entre ambos países, se deben cumplir ciertos requisitos de documentación, pero no se requiere evidencia irrefutable. Esto complica el proceso si se condiciona a obtener pruebas en esta etapa inicial del procedimiento.
Julio Jiménez, abogado especialista, señala que la postura del gobierno mexicano podría estar influenciada por consideraciones políticas, más que por el cumplimiento del tratado. Explicar las posibles consecuencias de no seguir con el proceso legalmente acordado podría intensificar las tensiones.
Asimismo, David Saucedo, consultor en seguridad, advirtió que desacreditar las acusaciones de Estados Unidos podría llevar a represalias, desde sanciones económicas hasta una disminución en la cooperación en seguridad. La crítica se centra en que el sistema jurídico estadounidense se basa en testimonios y evidencias indirectas.
El caso se torna más complejo tras la decisión de una jueza en Nueva York de validar las pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense. Rechazar la petición podría dañar las relaciones bilaterales en un momento sensible entre México y Estados Unidos.
