Washington, DC.- A partir de la medianoche del lunes, entraron en vigor los aranceles del 25% sobre productos importados desde México y Canadá, una medida adoptada por la administración de Donald Trump en el marco de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés). La Casa Blanca justificó la decisión argumentando que el tráfico de drogas provenientes de estos países representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional estadounidense.
El comunicado oficial señala que la acción busca frenar el ingreso de fentanilo y otras drogas sintéticas que, según Washington, han generado una crisis de salud pública en Estados Unidos. “El Presidente Trump otorgó múltiples oportunidades a México y Canadá para abordar la creciente actividad de los cárteles y el flujo de estupefacientes. Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente”, afirma el documento.
La Casa Blanca denunció que organizaciones delictivas como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan sin mayores restricciones en México, fabricando fentanilo en laboratorios clandestinos para luego traficarlo hacia territorio estadounidense. “El 97% de las incautaciones de fentanilo se producen en la frontera con México”, indica la declaración. Además, el documento menciona una creciente presencia de redes de producción de drogas sintéticas en Canadá, lo que ha incrementado las preocupaciones en Washington.
El informe también destaca que “la falta de coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad estadounidenses” por parte de ambos países ha derivado en un escenario de impunidad para los narcotraficantes. La Casa Blanca alega que la aplicación de aranceles es una medida necesaria para forzar una respuesta más contundente contra el problema.
En tanto, sectores comerciales y políticos en México y Canadá han rechazado la medida, calificándola como un acto unilateral que podría afectar gravemente la economía de la región. En respuesta, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que evaluará acciones legales y diplomáticas para revertir la decisión, mientras que Ottawa manifestó su preocupación y señaló que buscará “soluciones negociadas” para evitar mayores afectaciones en el comercio bilateral.