Ciudad de México.– El pretexto es la propaganda antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos, difundida por medios de comunicación mexicanos. El trasfondo de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, acuñada por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, es cercenar la libertad de expresión, contener la disidencia, silenciar las voces críticas en las redes sociales con multas y bloqueo a plataformas digitales.
Mientras en el norte del país resuenan los ecos de campañas antiinmigrantes que cruzan la frontera en forma de spots televisivos, en el Senado de la República se discute con prisa una reforma que, bajo el argumento de proteger la soberanía nacional, abre la puerta al control sobre los contenidos que se difunden en los medios mexicanos.
La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha sido respaldada por la mayoría oficialista en el Congreso, plantea prohibir la transmisión de propaganda extranjera en medios de comunicación nacionales, particularmente aquellos mensajes que, como el reciente spot de la secretaria de Seguridad Nacional de gobierno de Estados Unidos, promueven discursos de odio o exclusión.
Sin embargo, la propuesta —de más de 300 páginas— va más allá de frenar discursos xenófobos. En sus líneas se esconden mecanismos que centralizan el poder de vigilancia y sanción en manos del gobierno federal, a través de dependencias como la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
De aprobarse en sus términos, cualquier contenido audiovisual de origen extranjero deberá contar con autorización previa. Y si alguna emisora, plataforma digital o programador transmite propaganda “prohibida”, podría enfrentar multas de hasta el 5% de sus ingresos, e incluso perder la concesión.
La vigilancia de estos contenidos recaerá en Gobernación, que podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier mensaje que, a su juicio, viole la norma. No se requiere una resolución judicial. Basta una interpretación administrativa.
Aunque la medida se justifica con la intención de impedir interferencias en los asuntos internos de México, diversos expertos han advertido que la ambigüedad de los criterios y la ausencia de contrapesos institucionales podría traducirse en instrumentos de censura.
“No se permite la transmisión de propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos extranjeros, salvo que sea turística o cultural”, señala el artículo 210 de la iniciativa. Pero ¿quién define qué es ideología, qué es propaganda, qué es cultura?
Esta reforma se suma a una serie de iniciativas que, con la promesa de orden, están reconfigurando el terreno informativo del país. A la sombra de la protección nacional, podría estarse socavando el derecho a la información y a la libre expresión, en un contexto donde el periodismo independiente y las voces disidentes ya enfrentan múltiples formas de acoso.
Mientras la discusión avanza en comisiones y se prevé su votación en el pleno el lunes, en redacciones, universidades y colectivos digitales crece la preocupación. Porque más allá del rechazo a los discursos de odio, lo que está en juego es la capacidad de cuestionar, de incomodar, de informar sin permiso.