ESPECIAL
Washington, DC.- Washington ha amanecido con una directriz que marca un punto de inflexión en la política de seguridad de Estados Unidos. Desde su despacho en el Departamento de Justicia, Pam Bondi ha dado la orden: la batalla contra los cárteles ya no será una cuestión de contención, sino de erradicación. Así lo establece el memorándum que la fiscal general ha firmado este miércoles, un documento que respira la doctrina de Donald Trump y que promete “eliminar completamente” a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
“No basta con detener la marea de venenos mortales, como el fentanilo”, reza el documento en un tono que deja poco margen a la interpretación. La consigna es clara: el enemigo está identificado y su presencia, dentro y fuera de las fronteras estadounidenses, debe ser desmantelada.
Una reconfiguración total de la seguridad
El plan no se queda en palabras. La maquinaria de seguridad nacional ha comenzado a moverse con una celeridad inusual. En cuestión de horas, la administración ha decidido desmantelar dos unidades clave que hasta ahora tenían misiones estratégicas muy distintas: la Fuerza Operativa de Influencia Extranjera, encargada de rastrear campañas de injerencia de Rusia y China, y un grupo especializado en investigar las finanzas de los oligarcas rusos.
Ambos equipos desaparecerán en aras de concentrar todos los esfuerzos en una sola guerra: la del narcotráfico. Los fiscales federales recibirán atribuciones reforzadas y trabajarán con agencias de seguridad para identificar, procesar y confiscar los bienes de las redes criminales.
La sombra del fentanilo
El fentanilo ha sido la gran bandera del Gobierno para justificar la escalada. El opioide, cuyo tráfico está ligado a los cárteles mexicanos, se ha convertido en una epidemia con cifras devastadoras: 70.000 muertes por sobredosis al año. Un número que ha sido utilizado en la retórica trumpista como prueba del “desgobierno” en la frontera sur.
Para Trump, este es un combate existencial. En su segundo mandato, la presión para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas se ha intensificado, generando fricciones con México. La administración de Andrés Manuel López Obrador, en sus últimos meses de gobierno, ha visto con inquietud las implicaciones de una medida que podría abrir la puerta a acciones militares estadounidenses en territorio mexicano.
La doctrina Trump se impone
El memorándum de Bondi es la materialización de una política de mano dura que Trump ha promovido desde la campaña. Su Gobierno no se limitará a perseguir a los cárteles dentro de EE UU; la instrucción es internacional. Los fiscales federales deberán aplicar un “lenguaje estandarizado” para identificar a grupos como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y los principales cárteles mexicanos en acusaciones y órdenes de arresto.
El mensaje es inequívoco: la administración está dispuesta a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. A diferencia de estrategias anteriores, que apostaban por la contención y la cooperación con México, el nuevo paradigma apuesta por la erradicación. La pregunta que queda en el aire es hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para cumplir su promesa.
Por ahora, la guerra está declarada.